/ viernes 18 de marzo de 2022

Contraluz | Expropiación


Se cumplen hoy 84 años del decreto del presidente Lázaro Cárdenas del Río mediante el cual se realizó la expropiación petrolera a 17 compañías extranjeras que operaban en México.

México había ya elegido el camino de la unidad y en ello se afanaba en torno a la figura recia, discreta, serena de Lázaro Cárdenas. Había quedado atrás la llamada guerra cristera y sus rescoldos se habían por fortuna casi extinguido. El 10 de abril de 1936 había llegado el fin del “Maximato” de Plutarco Elías Calles con su necesario exilio. Se trataba de reconstruir el camino de la nación dejando de lado las absurdas querellas internas, las disputas estériles, las polarizaciones paralizantes y el radicalismo retrógrada. Lázaro Cárdenas era hombre de convicciones y de sabiduría. Supo allegarse el favor del pueblo casi en su totalidad, disponiendo un gradual reparto de tierras, mejoras en materia de educación y acciones concretas para el rescate de los bienes nacionales de manos de empresas extranjeras que no cumplían compromisos y que medraban a costa del trabajador mexicano.

En ese tránsito se dio la expropiación petrolera mediante decreto presidencial de Lázaro Cárdenas el 18 de marzo de 1938 contra 17 compañías extranjeras que operaban en México, cuando ya el mundo se agitaba y sembraba en el horizonte los vientos de la nueva guerra. La razón principal de la Expropiación Petrolera fue la constante negativa de las compañías petroleras de mejorar las condiciones salariales y laborales de los empleados de esta industria y su empecinamiento en rechazar sentencias judiciales y en general la sumisión a las leyes mexicanas.

Se trataba pues de, sin subterfugios ni falacias, defender la Constitución vigente en favor de la Nación.

Los diversos sectores del pueblo lo entendieron así y respaldaron masivamente la decisión de su presidente manifestándose multitudinariamente en plazas y calles de todas las entidades de la república, disponiendo en muchísimos casos de sus recursos para el pago de indemnizaciones a los expropiados.

Fiel al artículo 27 de la Constitución el presidente Cárdenas no dejó lugar a dudas. Así, el Estado mexicano se hizo cargo de todos los recursos materiales (desde edificios y oleoductos hasta refinerías y estaciones de distribución) de las empresas extranjeras. Asimismo, de la extracción y comercialización del petróleo en el país.

Gracias a este decreto y al respaldo de todos los sectores sociales, se devolvió al país un recurso que le pertenecía y se abrieron las puertas para consolidar la muy justa reforma agraria contenida en la Constitución –cuyos puntos en contra fueron la destrucción de las unidades de producción y el pago de facturas políticas con tierras-, y la nacionalización de la red ferroviaria con la creación de Ferrocarriles Nacionales de México.

Así, por más de 76 años, Pemex operó la industria petrolera en México. Los tiempos iniciales fueron de prosperidad y trabajo. Trabajadores, técnicos e ingenieros mexicanos supieron dar cabal respuesta al reto de manejar una gran industria nacional ayudando a sentar las bases para el despegue del considerado “milagro mexicano” que tuvo su culmen en el llamado desarrollo estabilizador que se alargó hasta 1970.

Después de décadas de altibajos, crisis, embargos petroleros, diversificación, sueños para “administrar la riqueza” y cambios mundiales profundos, a finales de 2013 ya en la etapa de globalización, el intercambio comercial y tecnológico a nivel mundial, el TLC de América del Norte, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó un cambio en la Constitución, modificando el artículo 27 para poder dar cabida a la iniciativa privada en el sector energético; esto como medida de emergencia, ya que la paraestatal Pemex, ahora empresa productiva del Estado, se encontraba en una situación financiera muy difícil, la declinación en la producción y la caída en los precios del petróleo que mermaron aún más a la ya decadente Pemex.

A su arribo al poder en 2018, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció cambios radicales: con la gran mayoría del Congreso a su favor, canceló las obras del Aeropuerto Internacional que se construía en Texcoco, revirtió la Reforma Educativa y anunció una nueva Reforma Energética.

El objetivo, se ha dicho, es devolver al Estado el control absoluto del sector energético, tanto eléctrico como petrolero, pues sólo a través de la Secretaría de Energía (Sener), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) podría ser permitida la participación de la iniciativa privada.

Por ello, los principales cambios se centran en los artículos 25, 27 y 28 constitucional, que, de aprobarse, devolverán a la Comisión el estatus preponderante en el sector eléctrico, al otorgarle en exclusiva la responsabilidad en el suministro de electricidad.

Tanto Pemex como la CFE se convertirían en “organismos del

Estado”, la última será unificada, es decir, desaparecerán algunas de sus filiales, además de que tendrá prioridad, pues podrá generar y despachar el 54% del consumo nacional, mientras que 46% restante provendrá de privados, quienes deberán vender esa energía directamente a la empresa.

El gobierno federal ha asegurado que hasta ahora no se ha cumplido con la mayoría de las promesas y proyectos que se prometieron con la aprobación de la Reforma Energética de 2013.

En el caso del sector eléctrico, el argumento oficial para estos cambios a la Constitución es el debilitamiento de la CFE y los subsidios otorgados a las generadoras privadas, quienes incluso han sido acusadas de realizar transacciones ilegales en su beneficio, y por lo cual, uno de los principales objetivos de los cambios constitucionales solicitados es la de eliminar contratos y permisos al sector.

En contraste, organismos empresariales como la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex) y la Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee) aseguran que los objetivos de la reforma se han cumplido gradualmente, pues hasta ahora ya se han ejercido más de 19 mil millones de dólares, se han creado 86 mil empleos e instalado 300 proyectos generadores, por lo que 99% de la generación limpia es producto de la IP.

Diversas organizaciones han asegurado que esta reforma, lejos de beneficiar al país, va a provocar un severo daño a las finanzas públicas, aumentará las tarifas para los consumidores finales, domésticos, comerciales e industriales, e incluso evitará que México cumpla con sus compromisos ambientales y no podrá evolucionar a una economía sustentable.

En materia de hidrocarburos es indispensable anotar la controvertida construcción de la Refinería de dos Bocas y la compra al 100 por ciento de la refinería Deer Park en Houston, Texas.

En fin hoy se celebra el 84 aniversario de la Expropiación Petrolera, misma que se produjo como un acto necesario, de justicia laboral y de fidelidad a la Constitución, en un contexto de entrañable unidad nacional y con un líder recio, confiable, sereno y sin estridencias.



Se cumplen hoy 84 años del decreto del presidente Lázaro Cárdenas del Río mediante el cual se realizó la expropiación petrolera a 17 compañías extranjeras que operaban en México.

México había ya elegido el camino de la unidad y en ello se afanaba en torno a la figura recia, discreta, serena de Lázaro Cárdenas. Había quedado atrás la llamada guerra cristera y sus rescoldos se habían por fortuna casi extinguido. El 10 de abril de 1936 había llegado el fin del “Maximato” de Plutarco Elías Calles con su necesario exilio. Se trataba de reconstruir el camino de la nación dejando de lado las absurdas querellas internas, las disputas estériles, las polarizaciones paralizantes y el radicalismo retrógrada. Lázaro Cárdenas era hombre de convicciones y de sabiduría. Supo allegarse el favor del pueblo casi en su totalidad, disponiendo un gradual reparto de tierras, mejoras en materia de educación y acciones concretas para el rescate de los bienes nacionales de manos de empresas extranjeras que no cumplían compromisos y que medraban a costa del trabajador mexicano.

En ese tránsito se dio la expropiación petrolera mediante decreto presidencial de Lázaro Cárdenas el 18 de marzo de 1938 contra 17 compañías extranjeras que operaban en México, cuando ya el mundo se agitaba y sembraba en el horizonte los vientos de la nueva guerra. La razón principal de la Expropiación Petrolera fue la constante negativa de las compañías petroleras de mejorar las condiciones salariales y laborales de los empleados de esta industria y su empecinamiento en rechazar sentencias judiciales y en general la sumisión a las leyes mexicanas.

Se trataba pues de, sin subterfugios ni falacias, defender la Constitución vigente en favor de la Nación.

Los diversos sectores del pueblo lo entendieron así y respaldaron masivamente la decisión de su presidente manifestándose multitudinariamente en plazas y calles de todas las entidades de la república, disponiendo en muchísimos casos de sus recursos para el pago de indemnizaciones a los expropiados.

Fiel al artículo 27 de la Constitución el presidente Cárdenas no dejó lugar a dudas. Así, el Estado mexicano se hizo cargo de todos los recursos materiales (desde edificios y oleoductos hasta refinerías y estaciones de distribución) de las empresas extranjeras. Asimismo, de la extracción y comercialización del petróleo en el país.

Gracias a este decreto y al respaldo de todos los sectores sociales, se devolvió al país un recurso que le pertenecía y se abrieron las puertas para consolidar la muy justa reforma agraria contenida en la Constitución –cuyos puntos en contra fueron la destrucción de las unidades de producción y el pago de facturas políticas con tierras-, y la nacionalización de la red ferroviaria con la creación de Ferrocarriles Nacionales de México.

Así, por más de 76 años, Pemex operó la industria petrolera en México. Los tiempos iniciales fueron de prosperidad y trabajo. Trabajadores, técnicos e ingenieros mexicanos supieron dar cabal respuesta al reto de manejar una gran industria nacional ayudando a sentar las bases para el despegue del considerado “milagro mexicano” que tuvo su culmen en el llamado desarrollo estabilizador que se alargó hasta 1970.

Después de décadas de altibajos, crisis, embargos petroleros, diversificación, sueños para “administrar la riqueza” y cambios mundiales profundos, a finales de 2013 ya en la etapa de globalización, el intercambio comercial y tecnológico a nivel mundial, el TLC de América del Norte, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó un cambio en la Constitución, modificando el artículo 27 para poder dar cabida a la iniciativa privada en el sector energético; esto como medida de emergencia, ya que la paraestatal Pemex, ahora empresa productiva del Estado, se encontraba en una situación financiera muy difícil, la declinación en la producción y la caída en los precios del petróleo que mermaron aún más a la ya decadente Pemex.

A su arribo al poder en 2018, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció cambios radicales: con la gran mayoría del Congreso a su favor, canceló las obras del Aeropuerto Internacional que se construía en Texcoco, revirtió la Reforma Educativa y anunció una nueva Reforma Energética.

El objetivo, se ha dicho, es devolver al Estado el control absoluto del sector energético, tanto eléctrico como petrolero, pues sólo a través de la Secretaría de Energía (Sener), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) podría ser permitida la participación de la iniciativa privada.

Por ello, los principales cambios se centran en los artículos 25, 27 y 28 constitucional, que, de aprobarse, devolverán a la Comisión el estatus preponderante en el sector eléctrico, al otorgarle en exclusiva la responsabilidad en el suministro de electricidad.

Tanto Pemex como la CFE se convertirían en “organismos del

Estado”, la última será unificada, es decir, desaparecerán algunas de sus filiales, además de que tendrá prioridad, pues podrá generar y despachar el 54% del consumo nacional, mientras que 46% restante provendrá de privados, quienes deberán vender esa energía directamente a la empresa.

El gobierno federal ha asegurado que hasta ahora no se ha cumplido con la mayoría de las promesas y proyectos que se prometieron con la aprobación de la Reforma Energética de 2013.

En el caso del sector eléctrico, el argumento oficial para estos cambios a la Constitución es el debilitamiento de la CFE y los subsidios otorgados a las generadoras privadas, quienes incluso han sido acusadas de realizar transacciones ilegales en su beneficio, y por lo cual, uno de los principales objetivos de los cambios constitucionales solicitados es la de eliminar contratos y permisos al sector.

En contraste, organismos empresariales como la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex) y la Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee) aseguran que los objetivos de la reforma se han cumplido gradualmente, pues hasta ahora ya se han ejercido más de 19 mil millones de dólares, se han creado 86 mil empleos e instalado 300 proyectos generadores, por lo que 99% de la generación limpia es producto de la IP.

Diversas organizaciones han asegurado que esta reforma, lejos de beneficiar al país, va a provocar un severo daño a las finanzas públicas, aumentará las tarifas para los consumidores finales, domésticos, comerciales e industriales, e incluso evitará que México cumpla con sus compromisos ambientales y no podrá evolucionar a una economía sustentable.

En materia de hidrocarburos es indispensable anotar la controvertida construcción de la Refinería de dos Bocas y la compra al 100 por ciento de la refinería Deer Park en Houston, Texas.

En fin hoy se celebra el 84 aniversario de la Expropiación Petrolera, misma que se produjo como un acto necesario, de justicia laboral y de fidelidad a la Constitución, en un contexto de entrañable unidad nacional y con un líder recio, confiable, sereno y sin estridencias.