El asesinato de dos sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora así como del guía de turistas Pedro Eliodoro Palma despertó un poco a la anestesiada sociedad, cansada ya de noticias de muertos y heridos, de secuestros, de violaciones, de atracos, de extorsiones. Las reacciones populares han empatado hoy con las de quienes ocupan cimas y balcones públicos en nuestro frágil mundo en el que pareciera que el Estado hubiera perdido de vista su misión esencial: cumplir y hacer cumplir la Ley, administrar la justicia, promover el orden y la paz.
En la medida en que se acrecienta el tráfico y el consumo de drogas y poco se hace contra el trasiego de armas cada vez más sofisticadas, la violencia criminal se apodera de más espacios y se yergue impertérrita ante ilusorias estrategias públicas que la alientan en medio de peligrosa militarización con actitudes reactivas más que preventivas.
Hay otros puntos de urgente revisión que como sociedad hemos dejado de lado: la exhibición de todo tipo de violencia en los medios de comunicación, especialmente los electrónicos, incluidos videojuegos y demás que hacen percibir la violencia como algo absolutamente normal y hasta heroico.
Sobre el caso que ha sido resorte de atención general, ayer el fiscal general de Chihuahua, Roberto Fierro Duarte afirmó que tras la
localización de los cuerpos de los dos sacerdotes jesuitas Javier Campos, Joaquín Mora y del guía de turistas, Pedro Eliodoro Palma, asesinados por José Noriel Portillo Gil “El Chueco”, dos personas más continúan privadas de su libertad.
Ahí en Cerocahui, municipio de Urique, se habla de que el crimen organizado ha hecho morada desde hace mucho tiempo, como en otras tantas partes de la Nación, donde la violencia criminal se ha
incrementado casi exponencialmente durante lo que va del milenio. Las cifras oficiales dadas a conocer el mismo lunes, señalaban que en el mes de mayo se reportaron en México dos mil 833 homicidios, 279 más que en abril… y se hablaba –como gran consuelo- de tendencias descendentes en dicho rubro.
El mes con más homicidios durante la presente administración ha sido junio del 2019, con 3 mil 6 casos.
El promedio diario de enero a mayo de 2022 es de 84, mientras que en los mismos meses del 2021 fue de 95; de 97 en 2020 y de 94 en 2019.
Seis entidades concentran en 48 por ciento de los casos: Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora. La administración de López Obrador registra 121 mil 655 homicidios, cifra superior a lo registrado con Felipe Calderón y de seguir la tendencia, se rebasarán los ocurridos en el periodo de Peña Nieto. Con el incremento de personas desaparecidas y la incapacidad de los funcionarios para atender las miles de denuncias, 2021 cerró como otro año con violencia incontenible, según Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Prodh.
El defensor agrega que la cantidad de personas desaparecidas "sigue en niveles extraordinariamente altos" y alerta contra la esgrimida argumentación de culpar de todo a los gobiernos anteriores por la violencia, sin atender la crisis a fondo.
"No (se) puede hablar de que las desapariciones, y la violencia, sean solo una herencia del pasado; por el contrario, son una herida del presente, son más de 20 mil desaparecidos en lo que va de esta administración", que comenzó el 1 de diciembre de 2018. También es de hacer notar el análisis de México Evalúa que señala que 94.8 % de los casos denunciados en ese país quedan impunes como resultado de "un sistema que no cuenta con herramientas de priorización ni capacidades suficientes".
La denuncia coincide con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, la CNB, que afirma que México acumula desde 1964 más de 95 mil personas desaparecidas y no localizadas, la mayoría desde que el estado mexicano declaró la guerra a los carteles de las drogas en 2006.
¡Cuántos asesinatos…!
Entre las reacciones más graves por el doble asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Javier Mora en la sierra Tarahumara, además del guía turístico Pedro Palma, se encuentra la expresada el miércoles pasado por el Papa Francisco durante la Audiencia General de los miércoles:
“Expreso mi dolor y tristeza por el asesinato del otro día de dos religiosos, hermanos míos jesuitas, y un laico. ¡Cuántos asesinatos en México!”.
Los testimonios de otras personas que conocieron a los Padres Javier Campos y Joaquín Mora coincidían en que ambos sacerdotes eran parte del pueblo, a quienes se refirieron como “queridos y entrañables”.
El padre Javier Campos dedicó 34 años de su vida a convivir con los tarahumaras, “hablaba su lengua, conocía sus casas y sus caminos”, afirmaron.
En tanto, el Padre Joaquín César Mora también ampliamente reconocido por su labor pastoral, sirvió durante 23 años a los habitantes de la Sierra Tarahumara.
Al respecto, la Compañía de Jesús exigió justicia por sus hermanos abatidos y aseguró que sus asesinatos no fueron hechos aislados, toda vez que la Sierra Tarahumara, al igual que otras regiones del país, “enfrenta condiciones de violencia y olvido que no han sido revertidas”.
Los lamentables hechos ocurridos el lunes pasado en Urique hablan de la necesidad de revisar las estrategias de seguridad y combate al narcotráfico y a los cárteles delincuenciales. De revisar la creciente centralización de las decisiones sobre seguridad en la materia. De atenerse a la ley y al espíritu de la ley en materia de prevención y sanciones por los ilícitos cometidos. De reflexionar sobre todo aquello que impele, especialmente a adolescentes y jóvenes, a asumir como “normal” la creciente delincuencia criminal. De atender a expertos que reconocen la sórdida influencia de algunos medios de hoy en día que entronizan como heroicidad la violencia y la brutalidad.
