La ética es una disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento humano y su relación con las nociones del bien y del mal, los preceptos morales, el deber, la felicidad y el bienestar común, es todo ese conjunto de normas morales que rigen la conducta de las personas en cualquier ámbito de la vida, que tiene el alcance dentro de lo moral a ser recto.
La transparencia implica generar la oportunidad de que otros sepan lo que ocurre, como se gasta, como se actúa, sobre todo cuando se administran los recursos de otros, pero finalmente la transparencia no implica que solamente se pueda ver, sino que existan los elementos para sancionar a quien no cumpla de manera correcta con sus encargos y que con ello cause perjuicio a las personas y al erario.
El servicio público de ninguna manera puede ser la excepción de aplicación de esas reglas morales, ello porque el funcionario tiene el encargo especial de administrar los bienes, los servicios y desde luego buscar los satisfactores en todos los ámbitos.
Así entonces la moral del ciudadano como funcionario es un elemento fundamental en el cumplimiento, entendiendo como tal, a todo el conglomerado de creencias, aptitudes, opiniones versadas y costumbres en forma de leyes y normas que puede tener una persona. La personalidad de un sujeto debe tener como mínimo una conducta ética aceptable, para poder pertenecer a un grupo social, esta se consigue a través de los valores morales conseguidos mediante la correcta educación.
El fraude y la corrupción son dos vicios profundos que deben erradicarse de la administración pública, el primero, implica el uso de engaños, simulaciones y aprovechamiento de errores o lagunas en las leyes para obtener beneficios indebidos en perjuicio de la colectividad; la corrupción por si, en las organizaciones públicas, es una práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índoles, de sus gestores.
Por hoy y siempre se hace imperativo reforzar el Estado de derecho para lograr la efectividad, que reduzca la corrupción, proteja realmente a las personas y desde luego ataque frontalmente a la pobreza sin quitarles posibilidades a los demás sino logrando un verdadero equilibrio, reducción de la inseguridad; buscar que se logre un verdadero desarrollo, asegurar gobiernos transparentes que rindan cuentas satisfactorias y un respeto irrestricto a los derechos fundamentales.
La responsabilidad de los funcionarios estriba principalmente en cumplir de manera correcta con sus encargos, saber que el ocupar un puesto no es para servirse sino para servir, ni mucho menos utilizar mecanismos de viejas prácticas engañando y pretender hacer ver cosas diferentes;
La fiscalización al gasto público por parte de los órganos correspondientes debe ser real, con alcances que lleven a identificar las malas prácticas de algunos que lleven en su caso a la imposición de sanciones, donde la inhabilitación no sea la única, sino que haga que se retornen los recursos a la hacienda pública.
Por hoy existe un marco jurídico que permite cumplir con esos objetivos, desde el año 2008 se reformó el artículo 116 Constitucional para reforzar la función de fiscalización a nivel federal y estatal, estableciendo principios para su ejecución como lo son la posterioridad, anualidad, legalidad imparcialidad y confiabilidad; así se deben revisar entonces los ingresos y egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de los recursos; investigar actos u omisiones que impliquen irregularidades o conductas ilícitas en materia de cuenta pública y manejo de recursos públicos, entre otros aspectos fundamentales.
Así entonces, caminar todos juntos hacia una cultura de rendición de cuentas y la correspondiente exigencia de los ciudadanos.
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*Contador Público y Licenciado en Derecho
**Expresidente del Colegio de Contadores Públicos de Querétaro
***Expresidente de la Federación de Colegios y Asociación de Profesionistas del Estado de Querétaro.
