La percepción de los ciudadanos en el tema de los impuestos es indispensable en el cumplimiento del deber de contribuir, ello implica un efecto directo en la recaudación y en una disminución en el nivel de evasión fiscal, en ello, debe identificarse el equilibrio real entre el incremento de la recaudación pero con una idea positiva de parte del contribuyente.
No se trata solamente de que se pague más respecto del año anterior, ni de rebasar el nivel pactado en la Ley de Ingresos de la Federación, sino que también en todo tiempo debe estarse monitoreando lo que piensa el pagador de los impuestos, naturalmente como primer beneficiario de los servicios que otorga el estado.
Desde la percepción de los ciudadanos, es común que las personas se resistan al pago de sus obligaciones tributarias en un primer momento, pero también incrementa la probabilidad de que esa idea se multiplique en la población a través de la comunicación compartida, lo anterior es así debido a que a través de esa experiencia, el pago de impuestos se presenta como un mal necesario del cual se desconoce o se niega su utilidad y fin.
En general, las personas físicas o morales al inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, son conscientes de que el no cumplir con sus obligaciones de carácter fiscal, especialmente la sustantiva que es la de pagar, están evadiendo una obligación establecida perfectamente primero en la Constitución y después en las leyes fiscales respectivas, sin embargo, no se le relaciona directamente con el aspecto moral, que trasciende en la ética personal y mucho menos con la responsabilidad social que se tiene de contribuir en el gasto público para que todos tengamos un mejor nivel de vida.
Más allá de lo comentado, debe identificarse que si bien es cierto que debe partirse de un aspecto de ética, el pago de los impuestos obedece principalmente a que se trata de una obligación de carácter legal y no moral, por lo que al ubicarse en los supuestos de la obligación de pagar y no cumplir con ella, trae como consecuencia las sanciones establecidas en la ley; en ello debe de tomarse en cuenta que en la materia tributaria las cantidades que pagamos no tienen una relación directa con los beneficios obtenidos, esto es, son prestaciones incondicionales, esto es, que nadie puede poner como justificación para no pagar impuestos el hecho de que no tiene uno varios servicios.
Las personas no confían en los beneficios que se tienen al contribuir, su conciencia de cooperación para el bien común, tratándose de impuestos, no es clara, aún y cuando exista el reconocimiento de que ninguno de nosotros podría hacer frente a las necesidades de manera individual y que no se encontraría un nivel de satisfacción óptima.
Esa percepción se remonta a las experiencias vividas en diversas épocas en nuestro país, por cierto, no muy lejanas, donde los altos índices de corrupción salen a la luz, los vínculos de algunos funcionarios con el narcotráfico, poca eficiencia en el ejercicio del gasto público aunado a la falta de transparencia y rendición de cuentas de manera real y finalmente los niveles de impunidad observados.
En otros aspectos de la percepción en el tema, lo es en puntos como: las molestias que se causan a veces de manera arbitraria en la fiscalización por parte de las autoridades fiscales, yendo en el ejercicio de sus facultades de comprobación, mucho más allá de lo dispuesto por la ley, considerando que su criterio es el único válido y orillando a los particulares a acudir a los medios de defensa o cumplir incluso con lo arbitrario por el desconocimiento y el temor.
Igualmente se tiene la idea de que las acciones de las autoridades son agresivas, que se tienen cargas económicas y administrativas excesivas, entre estas la facturación electrónica, un gran número de avisos, tantas presunciones de actividades inexistentes, búsqueda exhaustiva de conceptos que sean base de impuesto a veces por falta de formalidades o identificación perfecta.
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