La rendición de cuentas y la transparencia deben ser aspectos fundamentales en un gobierno para explicar en todo tiempo de manera satisfactoria a la sociedad de las acciones realizadas y la aceptación en consecuencia de sus responsabilidades; además de ello la transparencia implica la posibilidad de apertura de la toda la información de carácter público para ser susceptible de escrutinio para que todos los interesados puedan revisarla, analizarla y en su caso, utilizarla como mecanismo para sancionar, el gobierno debe rendir cuentas para reportar o explicar sus acciones y debe transparentarse para mostrar su funcionamiento y someterse a la evaluación de los ciudadanos.
Por nuestra parte, como ciudadanos, tenemos el deber de exigir la correcta aplicación de los recursos y desde luego vigilar las conductas de los funcionarios y en su caso exigir igualmente la imposición de sanciones ante el incumplimiento de la ley, tomando en cuenta que el trabajo de estos, es administrar los recursos que se obtienen de las contribuciones y que se asignan a ciertos renglones de satisfactores.
La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública plantea un marco regulatorio para el acceso a la información, por lo que cualquier persona puede solicitar información al gobierno federal, con ello debe asegurarse la transparencia y rendición de cuentas porque se obliga a contar con procedimientos sencillos y expeditos en materia de acceso a la información se garantiza la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados y se establece la obligación de contar con archivos bien ordenados; de la misma forma esa regulación trasciende a las entidades federativas ya que actualmente todas cuentan con una ley de acceso que buscan contar en todo tiempo con criterios homogéneos para evitar asimetrías en el ejercicio de este derecho.
Así las cosas, cada vez en mayor medida, debemos provocar el cambio cultural en la gestión administrativa que en realidad ayude a fortalecer la confianza en las instituciones públicas mediante la real apropiación masiva del derecho de acceso a la información por parte de los ciudadanos en el claro entendido de que la información que se genera en los gobiernos también es un bien público del que tenemos derecho de conocer, como ciudadanos opinar y evaluar de manera responsable, con información veraz y no solamente con información obtenida de opiniones sin sustento, después en el caso de que los funcionarios no cumplan de manera correcta, exigir las sanciones correspondientes, en ese entendido todos tenemos una responsabilidad.
La ley plantea proveer lo necesario en el ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad, en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En la norma, se plantean diversos objetivos a cumplir, que coinciden principalmente en proveer lo necesario para que todo solicitante pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos; transparencia en la gestión pública mediante la difusión de la información oportuna, verificable, inteligible, relevante e integral; consolidar la apertura de las instituciones del Estado mexicano, mediante iniciativas de gobierno abierto, que mejoren la gestión pública a través de la difusión de la información en formatos abiertos y accesibles, así como la participación efectiva de la sociedad en la atención de los mismos;
Finalmente, es de decirse que resulta por demás importante que todos aportemos y generemos la participación ciudadana activa en la toma de decisiones públicas, con ello contribuir verdaderamente en el incremento de la cultura de transparencia y acceso a la información pública, evaluar, opinar y exigir, que los funcionarios entiendan perfectamente que son los administradores de los recursos y no los dueños, que ello lo hacen a cambio de un salario y solo eso.
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*Contador Público Certificado y Licenciado en derecho
*Expresidente del Colegio de Contadores Públicos de Querétaro
** Expresidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Querétaro (FECAPEQ)
