Reiteradamente se había expresado que no quedaría ni una coma de la reforma educativa del 2013, pero ese argumento es falaz, ya que la iniciativa enviada por el Presidente fue modificada con aportaciones de organizaciones de la sociedad civil, académicos, maestros, especialistas y los grupos parlamentarios de oposición.
Es preciso reconocer que la reforma educativa de 2013 afectó la consideración social sobre los docentes, al generalizar vicios e irregularidades sindicales que dañaron la imagen de los maestros, muchos de los cuales, incluso, se sintieron presionados y hostilizados por su implementación.
Es importante destacar que en el país existen miles de buenos maestros, con una auténtica vocación de servicio, que todos los días contribuyen a transformar para bien la vida y las oportunidades de desarrollo de sus alumnos y de las comunidades.
La reforma educativa debe de tener como centro el interés superior de niñas, niños y jóvenes, pero también debe partir del reconocimiento al desempeño de los maestros, por lo que resulta indispensable garantizar que el ingreso y las posibilidades de promoción, sean con base en méritos propios y no supeditadas a arreglos o componendas de organizaciones sindicales.
Los legisladores del PAN no acompañamos la reforma educativa, por las siguientes consideraciones:
Es fundamental contar con evaluaciones diagnósticas, no punitivas, que señalen las áreas de oportunidad, a fin de que los gobiernos federal y estatales atiendan las necesidades con programas de formación docente e inversión en infraestructura y tecnología. Si no se cuenta con evaluaciones, difícilmente sabremos en dónde y cómo mejorar.
La reforma educativa emplea una redacción ambigua que suprime el término evaluación para sustituirlo por el de “procesos de selección”, lo que constituye un retroceso al abrir la posibilidad de que las organizaciones sindicales nuevamente lleven a cabo la asignación de las plazas, sin tomar en cuenta la preparación y los méritos de los maestros. Vuelven los tiempos del predominio sindical en la educación.
Por otra parte, no se cuenta con el impacto presupuestal que implicará su debida instrumentación y en estas condiciones, el gran reto es que los gobiernos Federal, estatales y municipales, destinen recursos suficientes para atender las necesidades del sector.
En el caso de la educación superior, existe preocupación por parte de las instituciones públicas, ya que si bien se establece la universalidad y gratuidad de este nivel, lo cual de suyo es plausible, no se cuantifica el presupuesto necesario, ni se fijan los criterios para cumplir los compromisos que previsiblemente implicará ampliar la capacidad instalada, adquirir tecnología, equipos y contratar maestros adicionales.
En el tema de la gratuidad también en educación superior, si bien se señala que esta va a ser gradual, afecta gravemente a las instituciones públicas, que dejarán de percibir, al menos, 13 mil millones de pesos, que actualmente se destinan íntegramente a los servicios de los alumnos, sin que se precisen bases claras para compensar la falta de estos ingresos.
Es necesario que esta reforma venga acompañada de los recursos financieros suficientes para su implementación, porque si no, a pesar de la alta expectativa que ha generado, sólo quedará en un catálogo de buenos deseos y se convertirá en letra muerta.
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