/ miércoles 4 de septiembre de 2019

Ecos del Senado - Distinguir alacranes de abejas

El diálogo del gobierno federal con grupos responsables de actos de violencia, revelado por la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, causó revuelo en la opinión pública, desató numerosas críticas y mostró graves contradicciones al interior del Ejecutivo federal.

La funcionaria dio a conocer que el gobierno estaba “negociando” el desarme de grupos que se han estado combatiendo y cometiendo homicidios unos contra otros, lo que prendió las alertas sobre la propuesta que AMLO había hecho desde la campaña de “explorar todas las posibilidades” para disminuir la violencia, incluyendo decretar una amnistía a los delincuentes.

A pregunta expresa de si había negociaciones con el crimen organizado, la funcionaria aseguró que se estaba “dialogando con muchos grupos”, además de resaltar: “hemos estado en zonas de Guerrero, Tamaulipas y la Huacana, Michoacán, tratando y conviniendo para poder avanzar en la pacificación del país”.

Ante la polémica generada por las declaraciones, la Secretaría de Gobernación precisó que el diálogo era con “auténticas organizaciones de autodefensa” y no con la delincuencia organizada.

Uno de los responsables de estas conversaciones fue el Subsecretario Ricardo Peralta, quien aseguró que se reunió con “luchadores sociales” y grupos de autodefensa, a los que se tiene que “dejar de estigmatizar”.

Los gobernadores de Michoacán Guerrero y Tamaulipas, por su parte, advirtieron a las autoridades federales que no se trataba de autodefensas, sino de criminales, por lo que pidieron dar a conocer con qué grupos se platicó y qué fue lo que se acordó.

El Presidente aceptó inicialmente que el planteamiento era buscar un proceso de paz, y posteriormente ante la reacción social adversa, desautorizó los trabajos del Subsecretario de Gobernación y le pidió apegarse a la Constitución y a las leyes.

AMLO abonó a la confusión al responder a la súplica de ciudadanos que desesperados le pidieron en Oaxaca enviar al Ejército para detener la ola de violencia del crimen organizado, a lo que respondió: “el Ejército no se usa para reprimir al pueblo”.

Frente a esas contradicciones y posiblemente para desviar la atención, dijo que el problema de la violencia no surgió en su gestión, sino que se inició con el ex presidente Felipe Calderón, al cual se refirió de manera personal en tono de burla.

Calderón reviró en sus redes sociales que actualmente se comenten el doble de homicidios y que él comenzó “a limpiar la casa plagada de animales venenosos, a los que hoy se les deja crecer, porque no se distinguen alacranes de abejas”.

El acuerdo y el perdón a los grupos delincuenciales no fue una acción discrecional de la Segob, en realidad lo había venido planteando AMLO desde la campaña, y hoy forma parte de los objetivos de la Estrategia de Seguridad Pública.

Si bien este asunto se viene hilando desde la campaña, negociar con grupos delincuenciales es un acto ilegal, que constituiría incluso delito de encubrimiento.

La distinción entre grupos de autodefensa y delictivos puede ser una línea muy delgada y confusa; no hay ningún marco legal para negociaciones de este tipo.

Surge entonces la duda, ¿con cuáles grupos se puede negociar y con cuáles no? ¿Cuál es criterio de selección? Y ante la ausencia de una verdadera estrategia, efectivamente se corre el riesgo de confundir alacranes con abejas.


Facebook: Lupita Murguía

Twitter: @LupitaMurguiaG

Instagram: @lupitamurguiag

El diálogo del gobierno federal con grupos responsables de actos de violencia, revelado por la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, causó revuelo en la opinión pública, desató numerosas críticas y mostró graves contradicciones al interior del Ejecutivo federal.

La funcionaria dio a conocer que el gobierno estaba “negociando” el desarme de grupos que se han estado combatiendo y cometiendo homicidios unos contra otros, lo que prendió las alertas sobre la propuesta que AMLO había hecho desde la campaña de “explorar todas las posibilidades” para disminuir la violencia, incluyendo decretar una amnistía a los delincuentes.

A pregunta expresa de si había negociaciones con el crimen organizado, la funcionaria aseguró que se estaba “dialogando con muchos grupos”, además de resaltar: “hemos estado en zonas de Guerrero, Tamaulipas y la Huacana, Michoacán, tratando y conviniendo para poder avanzar en la pacificación del país”.

Ante la polémica generada por las declaraciones, la Secretaría de Gobernación precisó que el diálogo era con “auténticas organizaciones de autodefensa” y no con la delincuencia organizada.

Uno de los responsables de estas conversaciones fue el Subsecretario Ricardo Peralta, quien aseguró que se reunió con “luchadores sociales” y grupos de autodefensa, a los que se tiene que “dejar de estigmatizar”.

Los gobernadores de Michoacán Guerrero y Tamaulipas, por su parte, advirtieron a las autoridades federales que no se trataba de autodefensas, sino de criminales, por lo que pidieron dar a conocer con qué grupos se platicó y qué fue lo que se acordó.

El Presidente aceptó inicialmente que el planteamiento era buscar un proceso de paz, y posteriormente ante la reacción social adversa, desautorizó los trabajos del Subsecretario de Gobernación y le pidió apegarse a la Constitución y a las leyes.

AMLO abonó a la confusión al responder a la súplica de ciudadanos que desesperados le pidieron en Oaxaca enviar al Ejército para detener la ola de violencia del crimen organizado, a lo que respondió: “el Ejército no se usa para reprimir al pueblo”.

Frente a esas contradicciones y posiblemente para desviar la atención, dijo que el problema de la violencia no surgió en su gestión, sino que se inició con el ex presidente Felipe Calderón, al cual se refirió de manera personal en tono de burla.

Calderón reviró en sus redes sociales que actualmente se comenten el doble de homicidios y que él comenzó “a limpiar la casa plagada de animales venenosos, a los que hoy se les deja crecer, porque no se distinguen alacranes de abejas”.

El acuerdo y el perdón a los grupos delincuenciales no fue una acción discrecional de la Segob, en realidad lo había venido planteando AMLO desde la campaña, y hoy forma parte de los objetivos de la Estrategia de Seguridad Pública.

Si bien este asunto se viene hilando desde la campaña, negociar con grupos delincuenciales es un acto ilegal, que constituiría incluso delito de encubrimiento.

La distinción entre grupos de autodefensa y delictivos puede ser una línea muy delgada y confusa; no hay ningún marco legal para negociaciones de este tipo.

Surge entonces la duda, ¿con cuáles grupos se puede negociar y con cuáles no? ¿Cuál es criterio de selección? Y ante la ausencia de una verdadera estrategia, efectivamente se corre el riesgo de confundir alacranes con abejas.


Facebook: Lupita Murguía

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