La educación pública y las universidades viven un ataque directo de quién se valió en 18 años de “lucha” de su nombre y de su pluralidad incluso de su espíritu progresista para llegar al poder.
El candidato López Obrador, lucró con las universidades y sobre todo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El Presidente empeñó su palabra en 2018 a las y los rectores de universidades públicas de incrementar los presupuestos de las instituciones en el mismo porcentaje que la inflación.
Para el 2022 no se cumplirá la palabra empeñada, se les dará un incremento promedio del 4.08 por ciento, y resulta que la inflación en el país está en términos reales en 6.12 por ciento y seguramente cerraremos más arriba el año.
La mayoría de mexicanos que logran llegar y terminar una carrera lo hacen a través del sistema público; de los países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) el gasto promedio por estudiante en las escuelas públicas, es mayor que en las privadas. En México es al revés.
En el caso de la UNAM para 2021 destinó 77 mil 357 pesos al año por cada alumno en licenciatura, y 54 mil 752 pesos, para los de media superior; según la OCDE en 2018 nuestro país invirtió 160 mil pesos anuales por estudiante a nivel licenciatura, cifra menor que el promedio de países integrantes.
De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) la licenciatura más costosa es medicina, cuyo precio puede ascender a más de un millón 100 mil pesos, mientras que derecho oscila de los 630 mil hasta los 700 mil pesos. En universidades privadas denominadas "de élite", estudiar una licenciatura puede oscilar desde los 130 mil, hasta los 950 mil pesos, incluso más.
El gobierno federal muestra un completo desinterés de fortalecer el sistema de educación superior pública pero en su discurso asegura que con el pueblo todo y sin el pueblo nada; estas son cifras reales y no palabrería como estamos escuchando en los últimos días.
De Rebote
Llega con el aval del Instituto Nacional Electoral a presidir el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, Adriana Sánchez Núñez; veremos qué tan rápido libra los cuestionamientos de una presunta “trampa” para justificar su domicilio y si esto no la debilita. Los padrinos a apuntalar.
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