El tema del agua en México implica un enorme grado de complejidad, donde convergen distintas aristas; unas se han desvinculado, en gran medida, por intereses políticos y económicos, y otras, intensificado por los reclamos sociales que se erigen en materia de sustentabilidad. Así pues, podemos advertir que nuestro país está repleto de contrastes en lo que respecta al agua, debido a la diversidad de ecosistemas y realidades que coexisten en él.
Según datos de la CONAGUA, el 7.5 % de la población carece de agua potable y el 8.6 % de servicios de saneamiento mejorados. Estas realidades se acentúan aún más al reparar en nuestras realidades antagónicas, donde el norte del país está repleto de zonas secas, la escasez de agua es el nuevo normal y la población es mayor, al contrario del sureste del país, en donde las zonas son húmedas y hay más agua disponible, pero un menor número de habitantes.
En los últimos años, se han impulsado una serie de iniciativas cuyo objetivo es replantear el marco normativo en torno al medio ambiente. Particularmente en el ámbito del agua se ha mostrado la intención de disminuir las facultades y atribuciones de la CONAGUA, para comenzar a volcar la planeación y futuro del sistema hídrico nacional en manos de la ciudadanía, donde la democratización del agua se considera como el camino que nuestra política hídrica debería seguir.
En el marco de la sustentabilidad, la política social debe garantizar a la población el acceso irrestricto al agua potable y saneamiento básico. El agua, además de ser un recurso vital, es un ingrediente clave para detonar crecimiento económico y dar acompañamiento a las actividades productivas nacionales. Cabe señalar que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, no prevé un proyecto integral en la materia.
El tema del agua en nuestro país se debe analizar tomando en cuenta a todos los actores y factores que en ella convergen. Es por ello, que la pregunta que hay que hacernos es si ¿México está listo para abordar la política hídrica como una política de Estado, y no de gobierno? En ese sentido, resulta relevante advertir que en la construcción de la nueva política hídrica, deben converger las distintas aristas como son los derechos humanos, el régimen concesionario, las inversiones y bursatilizaciones, y un tablero donde la certidumbre jurídica sea el árbitro del juego.
En definitiva, el agua constituye un elemento de prosperidad y desarrollo. A pesar de que es una cuestión multifactorial, involucrando un sinnúmero de perspectivas, resultará necesario determinar si nuestro modelo de gestión está sumido en una crisis —dando lugar a la sobreexplotación, contaminación y acaparamiento del agua— o si, por el contrario, se nutre de una visión integral en términos de sustentabilidad.
La suma de voluntades permitirá que las aristas en la materia se vuelvan a concurrir, a fin de priorizar el correcto funcionamiento del sistema hídrico nacional.
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