Recientemente, el tema de la reforma constitucional en materia energética ha cobrado particular relevancia en el debate público. Los argumentos esgrimidos se han concentrado en dos visiones de país de distinta naturaleza. En este sentido, es oportuno realizar una valoración integral del trasfondo de dicha iniciativa.
De acuerdo con el Banco Mundial (BM), la energía es un “elemento central del desarrollo”. Ésta tiene un efecto directo y palpable en ámbitos clave —educativo, industrial, sanitario, tecnológico— para el avance nacional. La energía es el motor que mueve las cosas. Por otro lado, desempeña un papel crucial en el abordaje y la solución de problemáticas sociales, como la erradicación de la pobreza. El BM apunta que, a nivel mundial, más de mil millones de personas viven sin electricidad, al tiempo que tres mil millones utilizan combustibles contaminantes para cocinar o calentar sus viviendas. Esto último ha provocado enfermedades respiratorias.
Actualmente, en un entorno marcado por la digitalización y la interconexión, la energía representa un ingrediente fundamental para el desarrollo; máxime en el contexto de la pandemia por COVID-19 —contribuye al mantenimiento y funcionamiento de hospitales y centros médicos ubicados a lo largo y ancho de la república mexicana—. Hay indicios de que una mayor capacidad energética está asociada a una mayor conectividad, competitividad y derrama económica. De este modo, el asunto energético supone una cuestión de Estado.
De estar entre las diez primeras economías del orbe entre 1999 y 2003, México cayó a la posición 16 en 2020 —ocupaba el sitio 15 en 2019—, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). En orden de ideas, pasamos de ser la sexta economía mundial más atractiva para las energías renovables al lugar 33, en 2021, de los 40 países contemplados en el Renewable Energy Country Attractiveness Index (RECAI). Hay que precisar que se han atraído numerosas inversiones en dicho sector, no obstante, se requiere certidumbre jurídica en lo que respecta al cumplimiento de contratos.
En medio de un mar de duras críticas, es importante señalar que nos encontramos atrapados en una discusión meramente política: lo que unos defienden y otros refutan, en el terreno de lo absoluto y lo relativo. Cuando, en realidad, estamos hablando de la configuración de un mapa general sobre cómo se va a desenvolver México en el futuro.
Siendo la energía un aspecto intergeneracional que impactará a la humanidad en las próximas décadas, el consenso legislativo deberá insertarse en un marco inclusivo en cual se escuchen y atiendan las diferentes voces involucradas. Hagámoslo por un México próspero y con energía.
¿Será el motor energético lo que no nos define?
