Este domingo se realizará la consulta popular propuesta por el presidente. Paradójicamente, ésta no es consulta ni popular. No obstante, ha motivado una discusión agitada.
De acuerdo con el INE, una consulta popular es un mecanismo de participación, propio de una democracia directa, que debe establecer propuestas sobre temas de interés público de modo que la ciudadanía las apruebe o rechace.
Distintos países de América Latina —como Bolivia, Colombia, Uruguay, Ecuador y Paraguay— también contemplan este instrumento, con sus matices. Sin embargo, éste no es exclusivo de dicha región; en Europa, Alemania lo ejecuta.
Actualmente, esta figura podría funcionar como una alternativa frente a un contexto de desconexión entre la clase política y los gobernados.
Cabe resaltar que no todos los asuntos pueden consultarse. Existen restricciones en materia electoral, de derechos humanos, de ingresos y egresos del Estado mexicano, de seguridad nacional, entre otras.
En octubre de 2020, la SCJN declaró constitucional la consulta y aprobó la siguiente pregunta: "¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas." La pregunta resulta un tanto enredada, a tal grado que no proyecta claridad, lo cual pone en duda su viabilidad.
Ahora bien, las consultas se han convertido en un ejercicio recurrente del sexenio. A nivel federal, destacan la del NAICM y de los programas sociales y proyectos prioritarios. Igualmente, se han efectuado consultas en lo local, en: Morelos, Puebla y Tlaxcala respecto a la termoeléctrica de Huexca; en Baja California relacionada a la planta cervecera Constellation Brands y la "Ley Bonilla"; y en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo acerca de la construcción del Tren Maya.
¿Qué retos supondrá esta consulta? Primeramente, que los resultados obtenidos sean de carácter vinculante. Para ello, se requiere una participación total de, al menos, 40 por ciento. Aún así, ya se reconoce la intención de conformar una comisión de la verdad, pese a los resultados. Otro desafío consiste en que la autoridad electoral organice una consulta exitosa con un presupuesto limitado de 500 millones de pesos.
Dicho lo anterior, ¿cómo se garantizará una consulta seria sin los recursos suficientes? ¿La consulta atiende a un espíritu democrático o busca legitimar decisiones políticas? ¿Serán las preguntas impopulares lo que no nos define?
Consultor y profesor universitario
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