/ miércoles 10 de abril de 2019

Valor-es Educación

Autonomía universitaria: conquista que se defiende día con día


En México la autonomía está consagrada en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su fracción VII desde 1979, pero sus inicios datan desde 1917. El mismo artículo señala que es obligación del Estado garantizar los recursos suficientes para las instituciones públicas de educación. Las universidades públicas autónomas recibimos subsidio federal y/o estatal con independencia para ejercer nuestra gobernanza política (definimos la forma en la que elegimos a nuestras autoridades y nuestra organización interna), académica (planeamos nuestra oferta educativa con libertad de cátedra) y administrativa (definimos el destino de nuestros recursos públicos y propios).

Lo anterior no exime a las universidades públicas autónomas de observar la ley. Por el contrario, la responsabilidad es enorme ya que recibimos recursos públicos para llevar a cabo nuestras funciones sustantivas: docencia, investigación, vinculación y extensión. La autonomía no representa un escudo para permitir la impunidad o la corrupción dentro de las universidades. Por el contrario, es indispensable que las universidades públicas autónomas seamos transparentes, rindamos cuentas en tiempo y forma y utilicemos adecuadamente y con responsabilidad los recursos que recibimos o que generamos. De esta forma, las universidades públicas autónomas somos auditadas exhaustivamente por organismos federales y estatales cada año, obligadas a seguir las reglas de operación correspondientes.

No obstante, situaciones diversas han opacado el prestigio administrativo de las universidades públicas autónomas, generando un ambiente de desconfianza generalizado. A través de la ANUIES, las universidades públicas hemos coincidido en que, de haber observaciones administrativas, se señale claramente y se sancione a los responsables, pero no se ataque a la institución. Las universidades públicas jugamos un papel determinante en el desarrollo social y, atacarlas, significa debilitar al país.

Lamentablemente, la autonomía universitaria ha sido vulnerada en los últimos meses. En diciembre pasado se eliminó la fracción VII del 3° Constitucional, situación que fue reconocida como un error y se encuentra solventado dentro del dictamen de reforma educativa que hoy en día está en discusión. Igualmente, en diciembre pasado, las universidades recibimos un revés presupuestal al no contar con el incremento comprometido, situación que igualmente fue reconocida como un error que fue subsanado. Hoy nuevamente observamos injerencia cuando algunos legisladores de los Congresos locales de Baja California Sur y del Estado de México intervienen de forma irresponsable a través de integrantes de las comunidades universitarias, al presentar iniciativas de reforma de las Leyes Orgánicas de la UABCS y de la UAEMEX, cuando estas acciones corresponden únicamente a sus Consejos Universitarios.

El llamado es para las autoridades de los gobiernos federal y estatales. Dialoguemos, y construyamos juntos un proyecto de educación superior más incluyente y equitativo, que dé respuesta a los retos sociales actuales. Nuestra autonomía es el baluarte que podrá alcanzar esa meta y, por ello, la defendemos día con día.

Autonomía universitaria: conquista que se defiende día con día


En México la autonomía está consagrada en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su fracción VII desde 1979, pero sus inicios datan desde 1917. El mismo artículo señala que es obligación del Estado garantizar los recursos suficientes para las instituciones públicas de educación. Las universidades públicas autónomas recibimos subsidio federal y/o estatal con independencia para ejercer nuestra gobernanza política (definimos la forma en la que elegimos a nuestras autoridades y nuestra organización interna), académica (planeamos nuestra oferta educativa con libertad de cátedra) y administrativa (definimos el destino de nuestros recursos públicos y propios).

Lo anterior no exime a las universidades públicas autónomas de observar la ley. Por el contrario, la responsabilidad es enorme ya que recibimos recursos públicos para llevar a cabo nuestras funciones sustantivas: docencia, investigación, vinculación y extensión. La autonomía no representa un escudo para permitir la impunidad o la corrupción dentro de las universidades. Por el contrario, es indispensable que las universidades públicas autónomas seamos transparentes, rindamos cuentas en tiempo y forma y utilicemos adecuadamente y con responsabilidad los recursos que recibimos o que generamos. De esta forma, las universidades públicas autónomas somos auditadas exhaustivamente por organismos federales y estatales cada año, obligadas a seguir las reglas de operación correspondientes.

No obstante, situaciones diversas han opacado el prestigio administrativo de las universidades públicas autónomas, generando un ambiente de desconfianza generalizado. A través de la ANUIES, las universidades públicas hemos coincidido en que, de haber observaciones administrativas, se señale claramente y se sancione a los responsables, pero no se ataque a la institución. Las universidades públicas jugamos un papel determinante en el desarrollo social y, atacarlas, significa debilitar al país.

Lamentablemente, la autonomía universitaria ha sido vulnerada en los últimos meses. En diciembre pasado se eliminó la fracción VII del 3° Constitucional, situación que fue reconocida como un error y se encuentra solventado dentro del dictamen de reforma educativa que hoy en día está en discusión. Igualmente, en diciembre pasado, las universidades recibimos un revés presupuestal al no contar con el incremento comprometido, situación que igualmente fue reconocida como un error que fue subsanado. Hoy nuevamente observamos injerencia cuando algunos legisladores de los Congresos locales de Baja California Sur y del Estado de México intervienen de forma irresponsable a través de integrantes de las comunidades universitarias, al presentar iniciativas de reforma de las Leyes Orgánicas de la UABCS y de la UAEMEX, cuando estas acciones corresponden únicamente a sus Consejos Universitarios.

El llamado es para las autoridades de los gobiernos federal y estatales. Dialoguemos, y construyamos juntos un proyecto de educación superior más incluyente y equitativo, que dé respuesta a los retos sociales actuales. Nuestra autonomía es el baluarte que podrá alcanzar esa meta y, por ello, la defendemos día con día.

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