Nuestro país adolece, desde hace décadas por decir lo menos, de un proyecto maestro para la educación. Lo anterior se ve reflejado no solo en el bajo presupuesto asignado a la educación pública, particularmente a la educación superior, sino también en la visión a largo plazo. Aquí algunos puntos para reflexionar:
1. Falta de corresponsabilidad entre los estados y la federación para la asignación de presupuestos suficientes. El subsidio para la educación está contemplado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Educación. Pero lejos de cumplirse, existen huecos que impiden que las instituciones públicas de educación superior (IPES) cuenten con un presupuesto seguro. No existen lineamientos que indiquen cuál debe ser la participación del estado en la asignación del presupuesto. Así tenemos casos como la Universidad de Guadalajara que recibe un 50 % de su presupuesto por parte del gobierno estatal, mientras que la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca recibe sólo el 10 %. El caso de la Universidad Autónoma de Querétaro es del 30 %. En este sentido, la UAQ ha planteado al gobierno estatal, a los diputados locales y federales, a la ANUIES, a la Subsecretaría de Educación Superior y a la Secretaría de Educación Pública, que se establezca la corresponsabilidad federación-estado a través de la asignación de presupuesto “peso a peso”.
2. No existen criterios para la asignación de recursos. Actualmente existen indicadores diversos que permiten valorar el esfuerzo y trabajo de las IPES. Es posible determinar la calidad educativa a través del número de programas acreditados, del porcentaje de matrícula de calidad, del nivel de internacionalización, entre otros. Es posible determinar la responsabilidad financiera a través de indicadores de transparencia, rendición de cuentas y plan de austeridad institucional. Aún resulta necesario generar políticas claras para las auditorías practicadas a las IPES de acuerdo a su naturaleza ya que actualmente se auditan como paraestatales. También resulta indispensable que todas las IPES implementen un sistema anticorrupción institucional y se erradique toda práctica de utilización inadecuada de recursos públicos o propios.
3. Universidad para todas y todos. A fin de lograr la equidad y universalidad para cursar estudios universitarios, es necesario generar un proyecto que valore con responsabilidad el costo beneficio de cada acción. Gratuidad para que nadie se quede sin estudiar por dificultades económicas, pero considerar que no se trata de generar políticas asistencialistas. Determinar a través de estudios socioeconómicos quién puede pagar la cuota institucional y quién requiere del apoyo. Inclusión para dar oportunidades a todas y todos, revitalizar las lenguas y culturas indígenas, establecer estrategias de inclusión asertiva para jóvenes discapacitados, formar en valores para fortalecer el respeto a la diversidad.
Hoy necesitamos construir un proyecto nacional de educación equitativa e incluyente, en instituciones responsables y dotadas de presupuesto suficiente. Para alcanzar la meta necesitamos rumbo y tomar la brújula.
