El auge de las criptomonedas, que han marcado esta semana cotizaciones récord tras el respaldo de empresas como Tesla o Mastercard, ha llevado a los organismos supervisores y al propio Gobierno español a alertar de que estos activos no cuentan con un marco legal que proporcione una protección adecuada a los inversores.
Al margen de la normativa que prepara la Unión Europea (UE), en España se encuentran en fase de tramitación dos iniciativas legislativas que afectan a las criptodivisas, aunque no se trata de regulaciones específicas, ya que están ligadas a la prevención del fraude fiscal, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Las empresas que operan en el ámbito de las criptomonedas reclaman una normativa que permita el desarrollo de este mercado, tal y como ocurre en otros países, puesto que, en su opinión, existen lagunas interpretativas que pueden causar confusión en los inversores.
El anuncio del fabricante estadounidense de vehículos eléctricos Tesla de que había invertido 1.500 millones de dólares (1.238 millones de euros) en bitcoines disparó esta semana la cotización de esa criptomoneda, la más utilizada, que alcanzó nuevos máximos el lunes y el martes.
El bitcóin superó sus récords el jueves y el viernes y se sitúo en torno a los 49.000 dólares (40.400 euros) tras la decisión de la empresa de medios de pago Mastercard y del banco BNY Mellon de permitir el uso de criptomonedas en sus servicios.
En este contexto, el martes, la Comisión Nacional del Mercados de Valores (CNMV) y el Banco de España emitieron un comunicado conjunto en el que advertían del alto riesgo de invertir en criptomonedas por su complejidad, volatilidad y falta de transparencia.
Los supervisores recordaron que la inversión en criptomonedas no cuenta con las garantías y la protección que tienen otro tipo de productos financieros.
En el mismo sentido se expresaba un día después la secretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva, quién alertó del riesgo de impago de las inversiones en criptomonedas, un peligro que vinculó a la falta de un emisor reconocible que pueda ser supervisado y a la carencia de un marco legal e institucional comparable al de otros productos financieros.
En España, en la actualidad están en tramitación dos iniciativas legislativas que afectan a las criptodivisas: el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal y el Anteproyecto de Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.
El primero, el referido a la lucha contra el fraude fiscal, se encuentra en fase de ponencia en la Comisión de Hacienda del Congreso.
Según el economista y asesor fiscal especializado en criptomonedas José Antonio Bravo Mateu, esa norma introduce dos grupos de declaraciones informativas.
La primera de las declaraciones informativas persigue que las empresas dedicadas a la compraventa de criptomonedas y a la custodia de claves privadas informen a la Administración de sus saldos y de las transferencias que se produzcan.
La segunda de las declaraciones informativas obliga a incluir en el modelo 720 de Hacienda -en el que se declaran las operaciones en el extranjero- las criptomonedas que se encuentren depositadas en empresas de compraventa o custodia de criptoactivos fuera del territorio nacional.
Según Bravo Mateu, el Anteproyecto de Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo pretende introducir nuevas obligaciones para las casas de compraventa de criptomonedas en esos ámbitos.
El experto recuerda que en este momento los inversores que posean criptomonedas solo deberán declarar las ganancias y perdidas patrimoniales que se hayan producido en su transmisión.
En esta situación, proveedores de servicios de criptoactivos como Bitnovo apuestan por un desarrollo de la regulación de las criptomonedas en España.
"Nos gustaría poder ver más avances en la regulación para poder competir en igualdad de condiciones con otros países que sí están dando pasos en esa dirección, apoyando la innovación", subraya en un comunicado Javier Castro-Acuña, responsable de control de negocio de Bitnovo.
En la UE se trabaja en un reglamento para regular el mercado de criptomonedas, una norma conocida como MICA que pretende definir tanto los tipos de activos digitales como las empresas y proveedores.
Para Ángel Luis Quesada, consejero delegado de la empresa de custodia de activos digitales Onyze, Europa está haciendo las cosas bien en este sentido.
"Creemos que es necesaria una regulación europea para los activos digitales que busque defender al consumidor", recalca.
