La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), delegación San Juan del Río, se unió a la postura de rechazo de la sede nacional en contra de la consulta ciudadana organizada en Mexicali, Baja California, cuyo resultado frena la inversión internacional de mil 400 millones de dólares de la empresa Constellation Brands, Inc., situación que ocurre en la antesala de una posible crisis económica ocasionada por la emergencia sanitaria del Covid-19.
En rueda de prensa, el presidente de la Cámara, José Guadalupe Román Flores, habló de la importancia de las empresas como impulsoras del desarrollo económico. Dijo que mientras los gobiernos locales hacen lo necesario para enfrentar la pandemia por coronavirus y que haya la menor afectación, el Gobierno Federal politiza dicha inversión extranjera, que representa generar más empleos.
Agregó que al impedir que la empresa se instale, ahuyenta a otras inversiones, por lo tanto, se pone en riesgo la pronta recuperación económica. Hizo un llamado al Gobierno Federal a no inhibir la inversión. Agregó que todas las delegaciones de Canacintra en el país están expresando la misma postura que incluye un pliego petitorio con 10 puntos.
Empresarios del país piden: subsidio del 100 por ciento de las contribuciones de seguridad social y vivienda, que contribuyentes puedan compensar impuestos durante el ejercicio 2020, eliminación durante el 2020 de las declaraciones de pagos provisionales de ISR y aplazar 90 días el límite para presentar declaraciones anuales con la deducción del 100 por ciento de las erogaciones por sueldos y salarios para la pequeña y mediana empresa, resolver las solicitudes de devolución de IVA presentadas antes del 31 de marzo de 2020.
También la deducción inmediata de inversiones de capital de trabajo, financiamiento y créditos directos de la banca de desarrollo a las Pymes con criterio de legibilidad a tasas accesibles y sin garantía, estrategias para asegurar las cadenas productivas a través de la sustitución de importaciones y aumento del contenido nacional, crédito de 90 días en el pago de la electricidad con CFE, suspensión de inspecciones y auditorías, pagos de contado a compras o adquisiciones del gobierno, así como pago inmediato de pasivos a proveedores a nivel federal, estatal y municipal.
