/ domingo 10 de mayo de 2020

Funcionarios no deben portar logo de partidos

Servidores públicos se benefician de la pandemia

Pablo Héctor González Loyola Pérez, presidente Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto, criticó a los diputados y servidores públicos que portan el logo de sus partidos políticos al momento de repartir apoyos alimentarios, así como a los que buscan promover su imagen aprovechando la emergencia sanitaria por Covid-19.

Dijo que esta circunstancia se ha presentado en el estado, particularmente con diputados del Partido Acción Nacional (PAN), lo que calificó como una falta de ética y un posible delito electoral.

“Algunos, incluso, han aprovechado para hacerse promoción al repartir apoyos alimentarios con el símbolo de sus partidos políticos, eso además de ser falta de ética, pues no es legal, es violatorio de la Constitución y posiblemente constituye un delito electoral”.

Respecto al endurecimiento de sanciones establecidas en las últimas reformas al Código Penal del Estado de Querétaro, propuestas por la bancada panista, comentó que no es la solución.

“La solución es que la gente sea escuchada, la sociedad de hoy ya no es pasiva (…) No tiene por qué buscarse una solución en el Derecho Penal, yo francamente, y creo que toda nuestra organización, repudiamos que se pretenda criminalizar la inconformidad social”.

Pablo Héctor González Loyola Pérez, presidente Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto, criticó a los diputados y servidores públicos que portan el logo de sus partidos políticos al momento de repartir apoyos alimentarios, así como a los que buscan promover su imagen aprovechando la emergencia sanitaria por Covid-19.

Dijo que esta circunstancia se ha presentado en el estado, particularmente con diputados del Partido Acción Nacional (PAN), lo que calificó como una falta de ética y un posible delito electoral.

“Algunos, incluso, han aprovechado para hacerse promoción al repartir apoyos alimentarios con el símbolo de sus partidos políticos, eso además de ser falta de ética, pues no es legal, es violatorio de la Constitución y posiblemente constituye un delito electoral”.

Respecto al endurecimiento de sanciones establecidas en las últimas reformas al Código Penal del Estado de Querétaro, propuestas por la bancada panista, comentó que no es la solución.

“La solución es que la gente sea escuchada, la sociedad de hoy ya no es pasiva (…) No tiene por qué buscarse una solución en el Derecho Penal, yo francamente, y creo que toda nuestra organización, repudiamos que se pretenda criminalizar la inconformidad social”.

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