En el marco del Día Internacional de la Madre Tierra, que se conmemoró este 22 de abril, la ambientalista y doctora en Derecho, Laura Uribe Lara, planteó la necesidad de implementar el PIB Verde, con el objetivo de valorar el impacto ambiental de todas las actividades humanas y, en especial, en la explotación de los recursos naturales.
Explicó que se considera PIB Verde a ponderar, en el cálculo del Producto Interno Bruto, el deterioro de los recursos naturales del país, para encontrar un dato que permita evaluar, si la actividad económica aumenta o reduce la riqueza o patrimonio natural, cuantificando la contaminación, residuos, deforestación o desertificación, entre otros y registrar el impacto de las actividades humanas en el medioambiente, es dar valor a los servicios ambientales que ofrece la naturaleza.
“Es precisamente este PIB Verde, el que no consideran la mayoría de los gobiernos municipales, estatales y federal para el análisis de la economía, dejando de lado el costo económico y ambiental de sus decisiones y con ello endosando a la sociedad el pago de ellos, de manera que en la mayoría de las veces es más lo que hay que invertir para solucionar los problemas generados por una mala política de desarrollo, que los pocos o nulos beneficios que traen éstas”.
Refirió que se debe medir el impacto ambiental de todas las actividades humanas y no sólo medir en lo económico que resulte de éstas, sino que se valore el costo en los servicios ambientales que se dejan de cubrir con esta explotación de los recursos.
“Con ello el cambio necesario de paradigma en el mundo, se tendrá que basar en respetar y poner en primer sitio el derecho de la naturaleza, por en encima del derecho humano que, hasta ahora, ha prevalecido y, con ello, la explotación sin medida de los recursos naturales de cada país. Es, entonces, una economía basada en los recursos, y no en el dinero, el nuevo modelo económico mundial que requiere implementarse”.
Ejemplificó con desarrollos inmobiliarios, los cuales deben presentar una MIA (Manifiesto de Impacto Ambiental), no solo económico, sino de afectación de los servicios ambientales que conlleva, aunado la importancia de dejar las decisiones de este rubro a los eruditos, científicos e investigadores, en lugar de “Políticos y funcionarios que de ningún modo tienen la capacidad técnica, ni los principios de la conservación de los derechos de la naturaleza y con ellos del propio ser humano”.
