/ jueves 10 de diciembre de 2020

Fiscalía de Veracruz reabrirá caso de violación a Ernestina Ascencio

El caso de Ernestina Ascencio, mujer de 73 años que presuntamente fue abusada y asesinada por elementos del Ejército durante el gobierno de Felipe Calderón, será reabierto

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) investigará nuevamente la violación y asesinato de Ernestina Ascencio Rosario, aseguró el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.

Ernestina Ascencio fue una mujer indígena de 73 años que fue abusada y asesinada presuntamente por elementos del Ejército el 25 de febrero de 2007, durante el gobierno de Felipe Calderón y cuya muerte fue atribuida por éste a una gastritis crónica.

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Ayer, durante la conferencia mañanera del Presidente, Alejandro Encinas señaló que notificarán la reapertura del caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de que el pasado 4 de diciembre en una audiencia pública, el gobierno mexicano omitió la entrega del informe de la investigación que solicitó el organismo que busca determinar si la muerte de la mujer indígena fue un crimen de Estado.

“Hemos decidido que el informe sobre estos hechos, que se presentará el 3 de enero, establecerá que la Fiscalía de Veracruz abrirá de nueva cuenta las indagatorias hasta agotar todas las líneas de investigación”, aseguró el subsecretario.

Añadió que con esto se busca garantizar la verdad, la justicia y la reparación integral del daño a las víctimas, a pesar de que en la audiencia del 4 de diciembre los representantes del gobierno mexicano negaron violaciones a los derechos humanos en el caso.

"El 25 de febrero de 2017 la hija de Ernestina observó que los borregos regresaban solos, al ir a buscarla y encontrarla tirada en el suelo le preguntó que le había sucedido respondió los soldados se me echaron encima, me duele la cadera. La trasladaron a una clínica del IMSS y tuvieron que trasladarla a la ciudad de Mendoza donde falleció el 26 de febrero de 2017", informó Encinas.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos exhumó el cuerpo de la mujer y se concluyó que la señora Ernestina había fallecido por alteraciones tisulares consecutivas, anemia aguda; un proceso neumónico, isquemia intestinal y trombosis, sin embargo, el Gobierno de Felipe Calderón dijo que la mujer murió por gastritis crónica.

“El Estado mexicano ha dado atención al presente asunto y que si bien es cierto que en un primer momento hubo algunas irregularidades dentro de la investigación, las mismas fueron subsanadas para así esclarecer los hechos del presente caso, sin que existieran afectaciones en los derechos humanos de la señora Ernestina Rosario y de sus familiares, por lo tanto el Estado considera que no se cometieron violaciones a derechos humanos en el marco de la investigación por la muerte de la señora Ernestina”, dijo en la audiencia Hernán Cortés Hernández, fiscal coordinador especializado de Veracruz.

Encinas recordó en Palacio Nacional que Ernestina Ascencio vivía en condiciones de marginación y pobreza en Veracruz y narró la versión de la familia de los hechos. “El 25 de febrero de 2007 la hija de Ernestina observó que los borregos regresaban solos, al ir a buscarla y encontrarla tirada en el suelo le preguntó qué le había sucedido. Respondió: los soldados se me echaron encima, me duele la cadera. La trasladaron a una clínica del IMSS y luego a la ciudad de Mendoza donde falleció el 26 de febrero de 2017”.

La Fiscalía de Veracruz concluyó la investigación de la muerte de la mujer en menos de dos semanas y el caso fue retomado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en esa época a cargo de José Luis Soberanes, la cual validó la versión de que Ascencio Rosario había muerto a causa de una gastritis y acusó a las autoridades locales de haber realizado una mala autopsia.

Organización Editorial Mexicana solicitó la postura oficial de la titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, y del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, pero mediante responsables de Comunicación Social informaron que por ahora no habría respuesta en relación con el caso.

ONG DUDAN

Las organizaciones sociales que llevaron el caso ante la CIDH reconocieron la importancia de que el Estado mexicano reconsidere la investigación del crimen de Ernestina Ascencio, pero no en los términos en que lo ha hecho, porque la Fiscalía General de Justicia de Veracruz ha demostrado no estar calificada para reabrir el expediente.

Aseguran que la FGE es una de las presuntas responsables de las violaciones denunciadas ante la CIDH, además de que que no está en condiciones de garantizar una investigación imparcial, seria, profesional y efectiva.

A través de un comunicado, las peticionarias dieron la bienvenida al anuncio de Encinas, pero manifestaron su preocupación porque en la audiencia del 4 de diciembre se presentó una postura a nombre del Estado sin que fuera tal, lo cual constituye una falta grave ante la CIDH, por lo que solicitan una aclaración sobre lo ocurrido y de ser el caso, se apliquen las medidas correctivas o sancionatorias que correspondan.

Las organizaciones Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, Kalli Luz Marina, AC, el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara, AC y Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, AC, exigen que se realice una investigación independiente con cargo al Estado, tendiente a conocer la verdad de lo ocurrido, que identifique a los responsables e imponga las sanciones correspondientes, además de garantizar que no se generen nuevas afectaciones a su familia y a su comunidad. Con información de Vanessa Solís

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) investigará nuevamente la violación y asesinato de Ernestina Ascencio Rosario, aseguró el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.

Ernestina Ascencio fue una mujer indígena de 73 años que fue abusada y asesinada presuntamente por elementos del Ejército el 25 de febrero de 2007, durante el gobierno de Felipe Calderón y cuya muerte fue atribuida por éste a una gastritis crónica.

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Ayer, durante la conferencia mañanera del Presidente, Alejandro Encinas señaló que notificarán la reapertura del caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de que el pasado 4 de diciembre en una audiencia pública, el gobierno mexicano omitió la entrega del informe de la investigación que solicitó el organismo que busca determinar si la muerte de la mujer indígena fue un crimen de Estado.

“Hemos decidido que el informe sobre estos hechos, que se presentará el 3 de enero, establecerá que la Fiscalía de Veracruz abrirá de nueva cuenta las indagatorias hasta agotar todas las líneas de investigación”, aseguró el subsecretario.

Añadió que con esto se busca garantizar la verdad, la justicia y la reparación integral del daño a las víctimas, a pesar de que en la audiencia del 4 de diciembre los representantes del gobierno mexicano negaron violaciones a los derechos humanos en el caso.

"El 25 de febrero de 2017 la hija de Ernestina observó que los borregos regresaban solos, al ir a buscarla y encontrarla tirada en el suelo le preguntó que le había sucedido respondió los soldados se me echaron encima, me duele la cadera. La trasladaron a una clínica del IMSS y tuvieron que trasladarla a la ciudad de Mendoza donde falleció el 26 de febrero de 2017", informó Encinas.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos exhumó el cuerpo de la mujer y se concluyó que la señora Ernestina había fallecido por alteraciones tisulares consecutivas, anemia aguda; un proceso neumónico, isquemia intestinal y trombosis, sin embargo, el Gobierno de Felipe Calderón dijo que la mujer murió por gastritis crónica.

“El Estado mexicano ha dado atención al presente asunto y que si bien es cierto que en un primer momento hubo algunas irregularidades dentro de la investigación, las mismas fueron subsanadas para así esclarecer los hechos del presente caso, sin que existieran afectaciones en los derechos humanos de la señora Ernestina Rosario y de sus familiares, por lo tanto el Estado considera que no se cometieron violaciones a derechos humanos en el marco de la investigación por la muerte de la señora Ernestina”, dijo en la audiencia Hernán Cortés Hernández, fiscal coordinador especializado de Veracruz.

Encinas recordó en Palacio Nacional que Ernestina Ascencio vivía en condiciones de marginación y pobreza en Veracruz y narró la versión de la familia de los hechos. “El 25 de febrero de 2007 la hija de Ernestina observó que los borregos regresaban solos, al ir a buscarla y encontrarla tirada en el suelo le preguntó qué le había sucedido. Respondió: los soldados se me echaron encima, me duele la cadera. La trasladaron a una clínica del IMSS y luego a la ciudad de Mendoza donde falleció el 26 de febrero de 2017”.

La Fiscalía de Veracruz concluyó la investigación de la muerte de la mujer en menos de dos semanas y el caso fue retomado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en esa época a cargo de José Luis Soberanes, la cual validó la versión de que Ascencio Rosario había muerto a causa de una gastritis y acusó a las autoridades locales de haber realizado una mala autopsia.

Organización Editorial Mexicana solicitó la postura oficial de la titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, y del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, pero mediante responsables de Comunicación Social informaron que por ahora no habría respuesta en relación con el caso.

ONG DUDAN

Las organizaciones sociales que llevaron el caso ante la CIDH reconocieron la importancia de que el Estado mexicano reconsidere la investigación del crimen de Ernestina Ascencio, pero no en los términos en que lo ha hecho, porque la Fiscalía General de Justicia de Veracruz ha demostrado no estar calificada para reabrir el expediente.

Aseguran que la FGE es una de las presuntas responsables de las violaciones denunciadas ante la CIDH, además de que que no está en condiciones de garantizar una investigación imparcial, seria, profesional y efectiva.

A través de un comunicado, las peticionarias dieron la bienvenida al anuncio de Encinas, pero manifestaron su preocupación porque en la audiencia del 4 de diciembre se presentó una postura a nombre del Estado sin que fuera tal, lo cual constituye una falta grave ante la CIDH, por lo que solicitan una aclaración sobre lo ocurrido y de ser el caso, se apliquen las medidas correctivas o sancionatorias que correspondan.

Las organizaciones Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, Kalli Luz Marina, AC, el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara, AC y Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, AC, exigen que se realice una investigación independiente con cargo al Estado, tendiente a conocer la verdad de lo ocurrido, que identifique a los responsables e imponga las sanciones correspondientes, además de garantizar que no se generen nuevas afectaciones a su familia y a su comunidad. Con información de Vanessa Solís

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