Las autoridades colombianas anunciaron el compromiso de garantizar la seguridad y la libertad de prensa ante el aumento de amenazas y asesinatos de periodistas en este país suramericano.
La Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) denunciaron recientemente la creciente ola de hechos que atentan contra la integridad física y moral de los periodistas.
Las organizaciones gremiales expresaron a las autoridades su preocupación por las agresiones contra los comunicadores y pidieron que impidan “que prospere este intento de limitar el ejercicio de la libertad de prensa y el derecho a la información en el país”.
El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez; el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez; el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret; el ministro del Interior, Guillermo Rivera; el director de la Unidad de Protección, Diego Mora; y Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior designada por el nuevo gobierno, se pronunciaron frente a la situación de la prensa.
Como representantes del Estado colombiano rechazaron “todas las formas de violencia contra la prensa, en especial la que se registra en los territorios. Ratificamos nuestro compromiso con una prensa libre que fortalezca la democracia y permita que los ciudadanos reciban informaciones y opiniones de toda índole, ejerzan el escrutinio público y tomen decisiones con plena libertad”.
“Nos comprometemos a impartir instrucciones a las delegadas territoriales de los órganos de control y agencias del Estado, esto con el fin de optimizar la ejecución de los mandatos misionales, garantizar el derecho a la vida y la integridad de los periodistas, y velar por las condiciones necesarias para una prensa libre en todo el territorio nacional”, señaló la declaración de los funcionarios.
Pidieron a los periodistas y medios de comunicación a que activen las denuncias sobre cualquier tipo de estigmatización, amenaza o agresión en razón de su trabajo de manera oportuna, para lo cual se habilitarán de manera prioritaria los canales que sean necesarios.
Convocaron a la sociedad civil y, en especial a los funcionarios públicos, a rechazar la violencia contra la prensa y actuar de manera contundente en este tipo de casos. La censura conlleva un costo social y democrático intolerable”.
Invitaron a respaldar la libertad de prensa, así “como a los defensores de derechos humanos y líderes sociales. Valoramos el compromiso de la AMI y la FLIP para estimular acciones pedagógicas que permitan comprender el valor del periodismo, la libertad de prensa, los líderes sociales y defensores de derechos humanos en la democracia”, señalaron en la declaración.
“Nos comprometemos a trabajar de manera coordinada, a sumar esfuerzos y políticas públicas para la prevención de la violencia contra periodistas y los medios de comunicación como medida de protección con miras a que el derecho a una sociedad informada sea un valor democrático que defendemos como Estado”, anotaron.
Advirtieron que las autoridades en su conjunto “han emprendido acciones de investigación eficaz y pronta sanción a los responsables, y está fortaleciendo recursos y mecanismos para inhibir, a través de la no impunidad, cualquier intento de menoscabar los derechos aquí exaltados como pilares de la democracia y de las políticas de Estado”.
