El Congreso de Guatemala, controlado por oficialistas conservadores, archivó el martes una polémica ley que contemplaba el endurecimiento de las penas por aborto y prohibía el matrimonio homosexual, en medio de reclamos de organismos de derechos humanos y a pedido del propio presidente.
"El Pleno del Congreso de la República de Guatemala acepta las observaciones al decreto [enviadas por varios diputados], y se traslada al archivo", informó el Parlamento.
La norma, aprobada la semana pasada por amplia mayoría, penalizaba con hasta 10 años de cárcel a la mujer que abortara y modificaba el Código Civil para prohibir expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo.
También restringía la enseñanza escolar sobre diversidad sexual. La propuesta, ahora archivada, consideraba que "grupos minoritarios" proponían "modelos de conducta y de convivencia distintos al del orden natural del matrimonio y la familia" y amenazaban "el equilibrio moral" de la sociedad.
Este martes, "la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, no dio la palabra para discutir las objeciones" contra la norma, "les da vergüenza reconocer que teníamos razón y que ellos se equivocaron (...) En fin, lo bueno es que el decreto se archivó", dijo la legisladora Lucrecia Hernández, de la bancada minorista de centroizquierda Semilla.
Hernández había dicho anteriormente que la norma propuesta se prestaba a la criminalización de los abortos espontáneos y discriminaba a las personas LGBTI.
La cuestionada reforma había sido aprobada el 8 de marzo, en la antesala del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, impulsado por una organización religiosa conservadora que declaró a Guatemala como "Capital Provida de Iberoamérica" y "luz" contra el aborto. Del acto participó el presidente Alejandro Giammattei.
Pese a ello, el mandatario pidió a sus aliados el 10 de marzo que archivaran la norma, porque violaba la Constitución y convenios internacionales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), saludó el anuncio de Giammattei, ya que la ley propuesta desconocía "los principios de igualdad y no-discriminación, esenciales para el derecho internacional".
"Esta ley estaba hecha demasiado fascista. Parecía ya de la época medieval", había dicho en su momento a la AFP la activista del Consorcio por los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, Alma Chacón.
Sin los cambios propuestos, la ley vigente penaliza el aborto en Guatemala con hasta 3 años de prisión. Solo es permitido y no sancionado cuando está en peligro la vida de la madre.
En el caso del matrimonio, la norma actual asegura que es la unión legal entre "un hombre y una mujer".
