/ lunes 9 de octubre de 2017

Ombudsman pide investigar masacre de cultivadores de coca en Colombia

La Defensoría del Pueblo en Colombia exigió a la FiscalíaGeneral una “investigación eficaz, oportuna y diligente” paraesclarecer la masacre de seis campesinos cultivadores de hoja decoca, presuntamente por agentes de la Policía Antinarcóticos.

El ente estatal después de conocer los testimonios decampesinos y organizaciones no gubernamentales en el sitio de lamasacre ocurrida el pasado 5 de octubre, recomendó que “lainvestigación sea asumida por un fiscal adscrito a la DirecciónEspecializada contra las Violaciones de los DerechosHumanos”.

La Defensoría del Pueblo envió una comisión humanitariaencabezada por el vicedefensor del Pueblo, Jorge Enrique CaleroChacón, y el director del Sistema de Alertas Tempranas, MauricioRedondo Valencia, entre otros funcionarios, para verificar loshechos y brindar acompañamiento a las víctimas de esecrimen”.

El múltiple homicidio se presentó cuando se realizaba unamovilización de “cerca de mil 500 personas, de las cualesalrededor de 300 se encontraban en el lugar donde se habíainstalado unidades de la Policía antinarcóticos, el EscuadrónMóvil Antidisturbios (ESMAD) y el Ejército Nacional”, señalóla Defensoría del Pueblo.

“Los campesinos y campesinas coincidieron en afirmar queacudieron a la movilización de manera voluntaria, llevados por elinconformismo ante la falta de cumplimiento del Programa NacionalIntegral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS)”.

Testigos de la comunidad indígena Awa, que tienen asiento en lazona donde ocurrió la masacre “aseguran que fueron atacados conarma de fuego por miembros de la Policía antinarcóticos”.

Además denunciaron “que en el momento de los hechos no hubointervención de grupos armados ilegales (disidencias de lasFuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) ni tampoco seregistró el lanzamiento o activación de cilindros bomba o losdenominados “tatucos”, contrario a lo informado por lasautoridades”.

La versión de la comunidad descartó la participación delEjército Nacional en los hechos violentos y destacó el apoyobrindado en la prestación de los primeros auxilios y en laevacuación de una veintena de heridos.

Pidió a la dirección general de “Policía Nacional, rendirun informe exhaustivo y detallado a la Defensoría del Pueblo, querelacione las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechosocurridos en la vereda El Tandil”.

En este contexto la Policía Nacional de Colombia suspendió acuatro agentes que presuntamente accionaron sus armas contracampesinos cultivadores de hoja de coca en el puerto de Tumaco,“en aras de la absoluta transparencia de acuerdo a su competenciade ley para garantizar la integralidad de la investigación”.

La Defensoría del Pueblo en Colombia exigió a la FiscalíaGeneral una “investigación eficaz, oportuna y diligente” paraesclarecer la masacre de seis campesinos cultivadores de hoja decoca, presuntamente por agentes de la Policía Antinarcóticos.

El ente estatal después de conocer los testimonios decampesinos y organizaciones no gubernamentales en el sitio de lamasacre ocurrida el pasado 5 de octubre, recomendó que “lainvestigación sea asumida por un fiscal adscrito a la DirecciónEspecializada contra las Violaciones de los DerechosHumanos”.

La Defensoría del Pueblo envió una comisión humanitariaencabezada por el vicedefensor del Pueblo, Jorge Enrique CaleroChacón, y el director del Sistema de Alertas Tempranas, MauricioRedondo Valencia, entre otros funcionarios, para verificar loshechos y brindar acompañamiento a las víctimas de esecrimen”.

El múltiple homicidio se presentó cuando se realizaba unamovilización de “cerca de mil 500 personas, de las cualesalrededor de 300 se encontraban en el lugar donde se habíainstalado unidades de la Policía antinarcóticos, el EscuadrónMóvil Antidisturbios (ESMAD) y el Ejército Nacional”, señalóla Defensoría del Pueblo.

“Los campesinos y campesinas coincidieron en afirmar queacudieron a la movilización de manera voluntaria, llevados por elinconformismo ante la falta de cumplimiento del Programa NacionalIntegral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS)”.

Testigos de la comunidad indígena Awa, que tienen asiento en lazona donde ocurrió la masacre “aseguran que fueron atacados conarma de fuego por miembros de la Policía antinarcóticos”.

Además denunciaron “que en el momento de los hechos no hubointervención de grupos armados ilegales (disidencias de lasFuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) ni tampoco seregistró el lanzamiento o activación de cilindros bomba o losdenominados “tatucos”, contrario a lo informado por lasautoridades”.

La versión de la comunidad descartó la participación delEjército Nacional en los hechos violentos y destacó el apoyobrindado en la prestación de los primeros auxilios y en laevacuación de una veintena de heridos.

Pidió a la dirección general de “Policía Nacional, rendirun informe exhaustivo y detallado a la Defensoría del Pueblo, querelacione las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechosocurridos en la vereda El Tandil”.

En este contexto la Policía Nacional de Colombia suspendió acuatro agentes que presuntamente accionaron sus armas contracampesinos cultivadores de hoja de coca en el puerto de Tumaco,“en aras de la absoluta transparencia de acuerdo a su competenciade ley para garantizar la integralidad de la investigación”.

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