Nicaragua llegó hoy a 100 días de protestas contra el presidente Daniel Ortega sin que se perciba una pronta solución a la crisis sociopolítica que ha dejado más de 300 muertos, ya que el Diálogo Nacional está estancado desde que el mandatario acusó a los obispos mediadores de golpistas.
Ortega se niega a renunciar y a celebrar elecciones anticipadas, y policías y paramilitares siguen agrediendo a la población que se opone al gobierno, al tiempo que grupos de derechos humanos y decenas de naciones han condenado la violencia en el país, que además ha obligado al desplazamiento de miles de nicaragüenses.
Las cifras de víctimas de la represión gubernamental y de los ataques de grupos paramilitares en el marco del conflicto son imprecisas, ya que el gobierno no ha emitido un reporte oficial al respecto y los números varían en los informes de las organizaciones de derechos humanos.
Sin embargo, se calcula que han muerto entre 295 (según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH) y más de 360 personas (de acuerdo con la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, ANPDH) desde el pasado 18 de abril cuando comenzaron las protestas.
De hecho, al actualizar su balance de muertos la víspera, la CIDH destacó que se estima que un promedio de tres nicaragüenses ha muerto por día y que los jóvenes constituyen la gran mayoría de las víctimas de la violencia.
Los medios de comunicación independientes en Nicaragua han dado cuenta de que la represión policial y los ataques de paramilitares también han dejado más de dos mil heridos, que se han registrado arriba de 750 secuestros y una cifra no precisada de detenciones arbitrarias.
Las protestas comenzaron luego de que el gobierno anunció planes de reformar el sistema de Seguridad Social, que afectaba directamente las pensiones y jubilaciones, además de que elevaba las cuotas obrero-patronales y las edades para el retiro de los trabajadores.
Ahora, la exigencia generalizada en las protestas es la renuncia del presidente Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, así como la celebración de elecciones anticipadas y el fin de la represión y la violencia, las detenciones arbitrarias, de los secuestros y de la persecución.
Ante la respuesta violenta del gobierno a las protestas y la permanente violación a los derechos humanos, denunciada por diferentes grupos como la CIDH, la ANPDH y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CNDH), ha propiciado el desplazamiento forzado de una cantidad no precisada de pobladores.
Según organismos de derechos humanos locales, miles de nicaragüenses se han trasladado hacia otros países para huir de la violencia o evitar ser criminalizados judicialmente por apoyar las protestas contra Ortega, siendo Costa Rica, Panamá, España y Canadá las naciones hacia donde están huyendo.
Sólo Costa Rica sumó 14 mil solicitudes de refugio de parte de nicaragüenses entre mayo y junio pasados, según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, citados por el diario La Nación.
Para tratar de hallar una solución pacífica a la crisis en mayo se entabló el Diálogo Nacional entre el gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que agrupa a estudiantes, campesinos, trabajadores, empresarios y grupos de la sociedad civil, con la mediación de la Conferencia Episcopal Nicaragüense (CEN).
Los trabajos en el Diálogo Nacional habían avanzado poco a poco e incluso se logró una serie de acuerdos, aunque la mayoría de los cuales fueron incumplidos por el gobierno. Sin embargo, los esfuerzos quedaron truncos desde que el presidente Ortega acusó a los obispos de ser “golpistas” la semana pasada.
La jerarquía católica de Nicaragua aseguró la víspera que sigue comprometida con el Diálogo Nacional, pese a los ataques emitidos en su contra y reiteró su llamado al gobierno para que exprese por escrito si todavía quiere que los obispos continúen como testigos y mediadores en las negociaciones.
La Alianza Cívica declaró al respecto que será muy difícil que el diálogo tenga credibilidad sin la presencia de los obispos de la CEN. “Si no son testigos, el diálogo no tendría la aceptación de la población”, advirtió.
Para marcar los 100 días de manifestaciones, la Alianza Cívica convocó a una serie de actividades para la tarde de este jueves y pidió a la población vestir en ellas camisetas de color blanco.
“No podemos olvidar que hace 100 días recobrábamos la dignidad de alzar nuestras voces en contra de la injusticia. El pueblo nicaragüense despertó y demandó justicia, libertad y democracia, y eso es esencial para construir un nuevo país”, declaró la Alianza Cívica en un comunicado emitido esta mañana.
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