La muerte de la presunción de inocencia en nuestro sistema penal
Ante una serie de especulaciones y falta de propuestas definitivas, quedó postergada la presentación de iniciativas en materia de justicia por parte del Ejecutivo Federal ante el Senado de la República para el primero de febrero del presente.
A pesar de no contar con una versión oficial, las intenciones y el sentido de las reformas al sistema judicial han generado ya una gran incertidumbre y temor ante lo que podría significar uno de los retrocesos más graves en materia de impartición de justicia para el país.
La obstaculizada, ineficiente y burocrática impartición de justicia en México no es novedad, sin embargo, los pocos avances que se habían logrado con reformas como la de 2008 Y 2011, en materia de sistema acusatorio y derechos humanos, impulsaban de manera gradual una mayor protección de las víctimas y sobre todo la búsqueda de una verdadero garantismo.
La urgente necesidad de prevenir el delito y fortalecer los medios económicos, tecnológicos, científicos y de investigación de la policía, es ahora invisible para un gobierno que pretende retroceder a un sistema de presunción de responsabilidad y a la obtención de pruebas por medios ilícitos, blindando los resguardos de las fiscalías por simples sospechas y llenando las cárceles de inocentes.
Desafortunadamente y como ya es costumbre en esta administración, estamos a la vista de retrocesos en todas las materias, educación, salud y ahora impartición de justicia. En 2020, se pretende pasar de un sistema garantista que privilegia la presunción de inocencia a un modelo de restricción de garantías, donde las simples sospechas de una fiscalía serían suficientes para privar a inocentes de la libertad.
Las carencias de un sistema judicial que ha desprotegido los derechos de las víctimas y que tiene a miles de inocentes tras las rejas, no puede resolverse con la imposición de métodos caducos que comprometan la progresividad de derechos humanos.
Las reformas que el Ejecutivo ha impuesto, no pueden seguir comprometiendo nuestra libertad, seguridad y bienestar, invirtiendo de manera absurda recursos de los mexicanos en estrategias que no tienen ni pies ni cabeza.
El reclamo y la oposición del Partido Acción Nacional no pretenden señalar responsables ante un problema de impunidad que ha ido escalando a lo largo de distintas administraciones, el reclamo consiste en evidenciar las intenciones de imponer supuestas soluciones que comprometen la integridad y los derechos humanos de los mexicanos.
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