“No exageren”, dijo el presidente López Obrador durante su mañanera del viernes, para desdeñar protestas ante su revelación, la víspera, del número celular de la periodista Natalie Kitroeff, de The New York Times (NYT). Quizá sabía ya —o debió saberlo— que Washington había determinado darle un escarmiento que fortalecería los señalamientos del diario estadounidense sobre alegatos de patrocinios del narcotráfico a la campaña que llevó al tabasqueño en 2018 a la Presidencia de la República.

El escándalo surgido ante los alegatos revelados por NYT —precedidos por los publicados en enero por Tim Golden en ProPublica—, apunta también como fuente a la DEA.

Se trata de imputaciones sin evidencias ni un expediente judicial que las respalde. Pero en el mundillo político y periodístico surgió la percepción de que estas publicaciones aparentemente débiles no habrían visto la luz sin el respaldo de una entidad más importante que la agencia antidrogas norteamericana. Y las miradas se dirigen hacia la oficina del fiscal general, Merrick Garland.

Otra duda se abre, ante el silencio observado en estas horas complejas, por el embajador Ken Salazar, quien apostó a construir una amistad con López Obrador, lo que no necesariamente se traduce en influencia en favor de los intereses de la Casa Blanca. Según fuentes de la diplomacia estadounidense consultadas por este espacio, el jueves, apenas horas después de que el Presidente utilizara su conferencia para adelantarse a la publicación del NYT —que había solicitado la postura de Palacio a estos señalamientos—, exembajadores de Estados Unidos en México reclamaron en una carta al secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, la difusión de los datos personales de la periodista (especialista en temas de seguridad y terrorismo), lo que la puso en riesgo no sólo de acoso en redes sociales, sino incluso de su vida.

La suerte estaba echada: luego de la frase burlona de AMLO del viernes, la influyente portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, deploró la actitud presidencial con un mensaje que resonó contra un gobierno que no ha cesado de atacar a periodistas:

“Es importante que la prensa pueda informar libremente de temas que son importantes para el pueblo (…) de una manera que (los periodistas) se sientan seguros y protegidos, no acosados o atacados”.

Quizá se trate de una de las mayores pifias de López Obrador en materia de comunicación política, área que ha confiado a su vocero, Jesús Ramírez, un actor con escasas credenciales profesionales, pero muy cercano al oído presidencial y parte instrumental del sector más radical de la llamada Cuarta Transformación.

El reporte del NYT y de su periodista Kitroeff refiere tres fuentes que dan cuenta de una investigación —presumiblemente de la DEA— según las cuales el gobierno Biden archivó alegatos de que narcotraficantes habrían entregado pagos a colaboradores de López Obrador durante la campaña del 2018 y aun durante la actual administración, lo que incluirá a hijos suyos, a los que no se identifica.

Todo el episodio tiene el potencial de dañar a López Obrador y a integrantes de su círculo personal con los efectos de una bomba de profundidad.

Apuntes: Marcelo Ebrard llegará al Senado, pero su influencia para colocar a sus aliados luce menguada. Su suplente será Emmanuel Reyes Carmona, uno de sus más aguerridos defensores y diputado federal saliente. Reyes es identificado con el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Naasón Joaquín García —encarcelado desde 2019 en Estados Unidos bajo cargos de depredador sexual de menores—. La senadora Martha Lucía Malú Micher, operadora de Ebrard, buscará la reelección. Su suplente será Ximena Escobedo, hija de Fernando Escobedo, un poco conocido abogado cercano al excanciller y a la vez, hermano de Federico Escobedo, quien fuera muy cercano a Manuel Camacho Solís, tutor político de Ebrard.