A dos años de la muerte de la menor Araceli García Blas originaria del municipio de Amealco, familiares y activistas exigieron que el delito sea tipificado como feminicidio, ya que cumple con todas las características para clasificarlo, sin embargo, aseguraron que el Poder Judicial del estado lo evita para no verse afectados en las estadísticas.
En rueda de prensa el abogado de la familia, Ángel Sánchez, reconoció que el caso cumple con todas las características que la Ley señala para clasificarlo como feminicidio, toda vez que la niña sufrió agresión sexual, varias lesiones, no murió en el lugar de los hechos y fue expuesta públicamente, hecho que ocurrió el 31 de julio de 2016 por el que interpusieron un amparo que está en etapa de revisión.
“Vamos a tener y espero tengamos una sentencia favorable, la familia recabó todas las pruebas suficientes para demostrar los hechos que hoy nos ocupan. Es tan así que hoy se encuentra una persona en proceso y dentro del reclusorio de San Juan del Río”, afirmó.
Evidenció que en Querétaro no existe la división de Poderes, toda vez que el Poder Judicial no ha querido reclasificar el caso de homicidio calificado a feminicidio, presuntamente por órdenes del Ejecutivo, ya que el cambio perjudica políticamente y estadísticamente a gobierno del estado.
A este respecto, la activista y promotora de la activación de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, Maricruz Ocampo, calificó como indignante que no se apliquen las recomendaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia (Conavim), ya que el caso de Araceli se dio en plena implementación de las recomendaciones y no se ha dado la reparación del daño.
“Estamos hablando de una familia de mujeres, en situación de pobreza extrema, una familia indígena, ellas son víctimas del mayor nivel de discriminación del estado y del país, lo peor es que están siendo víctimas de las autoridades del estado de Querétaro”, refirió.
Dijo que en promedio han sido asesinadas entre 22 y 24 mujeres por año de 2015 a la fecha, sin embargo, solo se ha logrado una sola sentencia de femenicidio en la entidad, algo que se dio por el trabajo de las familias, no por la Fiscalía General del Estado.