Durante el 2020 se atendieron por parte de la organización Corazones Mágicos 341 menores que fueron agredidos sexualmente, entre ellos, se identificó que el 60 por ciento fueron niñas y el 40 por ciento niños, refirió la presidenta de la agrupación, María Fernanda Lazo Payró.

A través de una videoconferencia, Lazo Payró manifestó su preocupación ante estos hechos, pues uno de cada cinco menores es agredido sexualmente, pues el 90 por ciento de los agresores sexuales, son hombres, el 70 por ciento de ellos son son familiares y el 21 por ciento de personas conocidas.

“El 30 por ciento de niños, niñas y adolescentes que tuvieron algún evento de abuso sexual atendidos por Corazones Mágicos, tuvieron a dos o más agresores antes de ser atendidos en Corazones Mágicos, el 34 por ciento de ellos, fueron detectados con más de 10 eventos de violencia sexual”, citó.

Las crueles cifras, argumentó que orillan a la institución de apoyo a víctimas de agresiones sexuales, a fortalecer las medidas de prevención, generar vínculos de colaboración con los diferentes gobiernos, exhortó que además realizó a los partidos políticos para sumarse a dichas acciones y mejorar el apoyo y atención para las víctimas de ello.

Además, precisó que el principal agresor es el padre biológico con el 20 por ciento, seguido de los tíos o tías con el 15 por ciento, en tercer lugar están los padrastros con un 14 por ciento y finalmente con un 12 primos o primas.

El 77 por ciento de quienes fueron agredidos sexualmente, se identificó que tenían un vínculo afectivo con su agresor sexual.

“Duele hablar de violencia sexual infantil, pero el dolor que ha derivado en la indiferencia y la omisión de la violencia sexual infantil, no va a solucionar el problema”.

Por lo anterior, aseguró que es necesario fortalecer los trabajos de colaboración con los diferentes niveles de gobierno, a fin de establecer las bases y los mecanismos de colaboración, mediante los cuales se conjuguen esfuerzos y recursos, tanto materiales como humanos, con la finalidad de impulsar política pública para atender el fenómeno de la violencia sexual infantil, desde distintos ámbitos de acción.