La semana pasada tuvimos la oportunidad de reflexionar sobre el sistema de pensiones y su influencia en lo que denominamos como felicidad pública. A raíz de los valiosos comentarios obtenidos, comparto las siguientes líneas.
Partimos de que los cambios demográficos, la curva del ingreso y el entorno institucional alimentan los retos que enfrentamos en este tema. El incremento sin precedentes en la expectativa global de vida y el declive en la tasa de fecundidad, han desembocado en un proceso de envejecimiento poblacional donde se acentúan las brechas de desigualdad y las carencias intergeneracionales. Según proyecciones de la ONU, para 2050 la población adulta mayor representará aproximadamente 24.6% de la población mexicana; o sea, la población mayor de 65 años pasará de 9.7 millones en el 2019 a 30.9 millones en el 2050.
Con base en un estudio de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (2018), a nivel mundial, prácticamente la mitad de las personas en edad de jubilación no recibe una pensión. Además, sólo el 26.5% de los mayores de 60 años cuenta con una. Destaca que la cobertura pensionaria suele ser menor para las mujeres.
La ruta a seguir en los próximos años será robustecer urgentemente el sistema de pensiones actual, con el propósito de garantizar los montos de las pensiones e incrementar el ahorro forzoso.
El pasado 25 de septiembre de 2020, el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados una iniciativa en la materia a fin de ampliar la pensión y el acceso a millones de trabajadores. Sin embargo, ésta "prendió" algunos focos rojos, pues compromete, en ciertos puntos, la viabilidad operativa y financiera del sistema.
Por ejemplo, se propone reformar el artículo 37 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, limitando las comisiones o precios de administración que pueden cobrar las AFORE, de un promedio de 0.92% a un precio fijo máximo de 0.54%. Éste se estableció sin considerar el tamaño, madurez y estructura del sistema. Por otro lado, dichos precios máximos tienden a estar por debajo de los niveles de competencia; esto ocasionaría una reducción de la oferta y la restricción de los servicios (riesgo que inclusive podría extenderse al sector bancario y asegurador).
Igualmente, existen riesgos jurídicos y regulatorios respecto de las obligaciones contraídas por nuestro país en el marco del TMEC, TLCUEM y otros arreglos internacionales, al imponer tratos discriminatorios y posibles barreras de entrada.
Si bien en la presente administración han surgido varias iniciativas que pretenden regular a las AFORE, hay temor en torno al destino de la administración de las pensiones y sus recursos. Cualquier reforma tendrá incidencia no sólo en las calificaciones de inversión y en la infraestructura pública privada de nuestro país, sino en nuestras carencias futuras.
Por ahí se dice que la grandeza de un país se mide por cómo procura a sus adultos mayores.
Twitter: Petaco10marina
Facebook: Petaco Diez Marina
Instagram: Petaco10marina
