Entre diciembre de 2019 y mayo de 2020, nos acercamos al millón de trabajadores que se quedaron sin empleo formal; además de los más de 31.3 millones que el INEGI estima se encuentran dentro de la informalidad laboral y el 1.4 millones de jóvenes que cada año cumplen la edad laboral.
“Con estos datos, sólo serán pocos los beneficiarios de algún programa social; otros buscarán, en el peor de los casos, ser parte de la delincuencia o buscar ingresos por las vías ilegales. Lo más seguro, es que la gran mayoría se verá orillado a auto emplearse o dedicarse al trabajo en el espacio público a pesar de carecer de todas las garantías sociales”, consideró la diputada María de Jesús Rosete (PES).
Dirigente y representante de trabajadores en el espacio público en la Ciudad de México, manifestó que en medio de esta crisis que se vivirá por tiempo indefinido, el trabajo informal no perderá empleos, pero sí ingresos. Esto significa que comerán menos y no tendrán recursos para pagar servicios como luz, renta, educación, medicinas. “Somos testigos de que la Comisión Federal de Electricidad, de manera insensible, inició cortes de energía eléctrica por falta de pago”.
La legisladora del Partido Encuentro Social, recordó que el pasado 18 de marzo presentó en San Lázaro, una iniciativa para reformar el Artículo 5º Constitucional, con el fin de otorgar certeza jurídica a los comerciantes, para reconocerlos como Trabajadores en el Espacio Público; además de modificar el Artículo 25, para incorporarlos al desarrollo y al proyecto de nación y al 123 Constitucional para transitar a la formalidad.
Lamenta “que este tema no se ha tratado de forma integral y con perspectiva social por los gobiernos o parlamentos del país ni se entiende como una solución definitiva. El objetivo es crear un círculo virtuoso dentro de la ley, entre todos los actores que intervienen en el sistema productivo nacional y local, ya sea formal e informal, para terminar con la necedad del divisionismo y marginación”.
A pesar de las lamentables pérdidas humanas que presente el sector informal y la pobreza en que caiga, una vez más contribuirá para salvar a México y a su población de la pobreza extrema, de la inseguridad, del empleo y el enojo social.
“Se adaptará a las circunstancias para sobrevivir debido a una injusticia legal que los gobiernos y congresos han evitado por diversos intereses”.
Sostuvo que “la vulnerabilidad en que se encuentra el sector informal nos expone no solo al contagio del Covid-19 sino también a los peligros de la creciente inseguridad y a los abusos de autoridad que seguramente padeceremos con los operativos, con los actos corrupción, con los levantamientos y pérdida de mercancía, solo por el hecho de ejercer una actividad digna que, por negligencia y lagunas jurídicas se encuentra fuera de la ley”.
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