Se deben erradicar el “arraigo” y la “prisión preventiva oficiosa”

Redacción El Sol de México

  · lunes 13 de marzo de 2017

César Camacho Quiroz, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados.

Abigaíl Cruz

El PRI en la Cámara de Diputados consideró que el Sistema deJusticia Penal Acusatorio Adversarial necesita, entre otrosajustes, erradicar las figuras del “arraigo” y “prisiónpreventiva oficiosa”. A nombre de ese instituto político, elcoordinador del Grupo Parlamentario del PRI en ese órganolegislativo,  César Camacho Quiroz, coincidió con otrosparticipantes al señalar que dichas figuras “van contra lanormalidad de la justicia a pesar de estar en la Constitución, porlo que deben derogarse”.

Al participar en la mesa de discusión “Nuevo Sistema deJusticia: ¿Qué falta para su consolidación?”, Camacho Quirozañadió que la existencia de ambos elementos no ha sido deimportancia para lograr sentencias condenatorias.

En el evento, efectuado en las instalaciones de la Cámara deDiputados, sostuvo que con el Nuevo Sistema Penal Acusatorio se haavanzado en materia de aplicación de la justicia en el país.

No obstante, estimó necesario conocer su aplicación ydesarrollo para realizar los ajustes necesarios, a fin de lograr suobjetivo de otorgar una adecuada impartición de justicia a lasociedad.

Ante legisladores, académicos, abogados, estudiosos delDerecho, jueces de Control, dijo que cada vez que hay una falla encualquiera de los eslabones de una misma cadena del Sistema deJusticia Penal, como pueden ser la Policía, el MinisterioPúblico, los jueces o las autoridades penitenciarias, la cadena serompe.

“Y este desprestigio le pega al sistema en su conjunto y a losque lo postulamos”, admitió el legislador federal delRevolucionario Institucional (PRI).

El también diputado federal del tricolor aseveró que hay casosde éxito desde el punto de vista jurídico en la impartición dejusticia, pero también hay otros que no, y éstos “se conviertenen incentivos perversos para mantener figuras de corteinquisitivo”.

Además, advirtió que hay que “hacer un llamado de cuentas alos operadores del Sistema Acusatorio”, en el que participen laacademia y las organizaciones de derechos humanos y civiles paraque informen sobre la implementación del sistema de justicia y losresultados que ha dado.

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