La Procuraduría General de la República (PGR), Delegación Querétaro, obtuvo fallo condenatorio en contra de cinco personas por el delito de violación a la Ley de Migración, por hechos registrados el 17 de mayo del 2017 en inmediaciones del municipio de Arroyo Seco.
Tras la puesta a disposición de cinco personas por parte de oficiales de la Policía Estatal (PoEs) ante el representante social de la Federación, detenidos en Arroyo Seco por transportar en varios vehículos a 24 ciudadanos de nacionalidad guatemalteca, entre ellos cinco menores de edad, cuyo destino era Estados Unidos de Norteamérica, el representante social federal integró la Carpeta de Investigación.
Efectivo Plan de Investigación, permitió la aportación de pruebas suficientes en el desahogo de la audiencia de Juicio Oral, logrando acreditar la responsabilidad de los ahora imputados.
Como consecuencia, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el estado, decretó el fallo condenatorio en contra de los ahora sentenciados por el delito de transportar a varios extranjeros por el territorio nacional hacia la Unión Americana, obteniendo lucro monetario.
En la audiencia de individualización de sanciones, se condenó a quienes responden a los nombres de Juanita “N” ; Diego “N” y Nestor “N” a doce años de prisión y siete mil 500 días multa de salario mínimo; y en cuanto a José Alberto “N” y Osiel “N”, se les condeno a ocho años de prisión y multa de ocho mil días de salario mínimo.
El ingreso ilegal, que se define como “El paso de fronteras sin haber cumplido con los requisitos necesarios para entrar legalmente en otro país, en este caso los Estados Unidos, resulta ser un proceso complicado y peligroso que da lugar a que los migrantes acudan de forma constante a redes de polleros”.
Estas personas, conocedoras en el traslado clandestino hasta el vecino país del norte, y que prometen ayudarlos para llegar exitosamente a ese destino a cambio de beneficios económicos, aunque en muchas ocasiones los migrantes son víctimas de robos, violaciones, engaños y extorsiones que ponen en riesgo su vida e integridad de sus familias.
Las autoridades de los tres niveles de gobierno, trabajan en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, para detectar la presencia de ciudadanos extranjeros en la vía pública, hoteles y otros puntos.
