La penalización del aborto en Durango es inconstitucional a partir de este sábado 16 de marzo. Así lo dictaminó el juez federal Iván Francisco Rodríguez Zamarripa, quien concedió un amparo indirecto promovido por personas transexuales en la entidad para descriminalizar el aborto.
Bajo el expediente 1317/2023, el juez titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Durango, dictaminó a favor de considerar que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, y se pronunció a favor de garantizar el derecho de las personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales.
El juez Rodríguez Zamarripa determinó la inconstitucionalidad del artículo 148 fracción I, del Código Penal para el Estado de Durango, mismo que establece pena de prisión a personas gestantes que practiquen aborto; así como a aquella persona que la hiciere abortar bajo consentimiento. Según el juez, vulnera el derecho a decidir.
Si bien el juez reconoció que el producto de la concepción tiene un valor constitucional preponderante, ello no debe implicar el desconocimiento de los derechos de las mujeres y personas gestantes a la libertad reproductiva.
Asimismo, extendió su decisión de inconstitucionalidad a los artículos 149 y 150, los cuales impedían que la persona gestante fuera asistida por personal sanitario en un aborto voluntario; y criminalizaban a las personas gestantes en la posibilidad de abortar en términos de excusa absolutoria.
Sumado a estas declaratorias, el juez consideró que el Estado tiene la obligación de proveer acceso razonable y equitativo a servicios seguros de aborto voluntario o electivo para las personas que lo requieran.
“Para evitar la práctica inadecuada o peligrosa de abortos clandestinos, en los que se arriesgue su salud y hasta la vida”, expuso.
➡️Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante
Con estas determinaciones, el Estado de Durango,a Secretaría de Salud, los Servicios de Salud del estado y el gobernador, constitucional, tienen la obligación de implementar y crear mecanismos, planes y programas de gobierno tendentes a conseguir ese objetivo y hacer valer el derecho a decidir sin penalizar.
