/ miércoles 16 de junio de 2021

India acusa a Twitter de incumplir a propósito regulación digital

La nueva legislación ha sido criticada por otorgar al Gobierno indio un mayor control de los medios de comunicación digitales, redes sociales y plataformas audiovisuales de vídeo

El Gobierno indio acusó este miércoles a Twitter de incumplir "deliberadamente" la nueva legislación del país asiático para regular el contenido en línea, que la red social ha calificado de una amenaza en potencia a la libertad de expresión.

La nueva legislación, anunciada el pasado febrero y que entró en vigor el pasado 26 de mayo bajo el nombre de Directrices sobre Intermediarios, se ha encontrado también con el rechazo de Whatsapp por considerar que quebranta la privacidad.

TWITTER EN EL PUNTO DE MIRA

"La cruda realidad es que Twitter no ha cumplido con las Directrices sobre Intermediarios", afirmó el ministro de Comunicaciones indio, Ravi Shankar Prasad, en una serie de mensajes en la red social.

Prasad afirmó que el Gobierno indio ha dado múltiples oportunidades a Twitter para seguir la nueva legislación, pero la compañía "se ha decantado de forma deliberada por el incumplimiento".

La nueva legislación ha sido criticada por otorgar al Gobierno indio un mayor control de los medios de comunicación digitales, redes sociales y plataformas audiovisuales de vídeo bajo demanda como Netflix.

Las nuevas reglas obligan a eliminar rápidamente cualquier contenido ilegal y ayudar a investigar su origen, mientras que las redes sociales deben permitir la identificación del primer usuario que originó una información que se requiere para los fines de prevención, detección, investigación, enjuiciamiento o castigo de un delito.

Whatsapp ha denunciado que esto supondría un golpe a la privacidad y el fin del cifrado de sus mensajes, mientras que la legislación ha sido denunciada como un ataque a la libertad de expresión por parte del Gobierno del primer ministro, el nacionalista hindú Narendra Modi.

Otro de los aspectos de la nueva regulación obliga a las empresas internacionales a establecer intermediarios en la India a los que las autoridades pueden recurrir en caso de conflicto, algo que Twitter no ha cumplido, según Prasad.

El Gobierno había dado un ultimátum a la red social para cumplir las normas el pasado 5 de junio.

PROTECCIÓN LEGAL EN DUDA

En caso contrario, Twitter podría perder la protección legal que acompaña a su estatus de intermediario, y ser considerado responsable de los contenidos que los usuarios publican en su plataforma.

El ministro destacó una reciente agresión a un hombre musulmán de edad avanzada en Ghaziabad, una localidad cercana a la capital india, como "un caso ilustrativo de la arbitrariedad de Twitter a la hora de luchar contra las noticias falsas".

La víctima alegó en un vídeo, que se volvió rápidamente viral en Twitter, que un grupo de extremistas hindúes le cortaron la barba y le obligaron a cantar eslóganes religiosos hindúes tras propinarle una paliza.

La Policía, sin embargo, rechazó que se trate de un incidente entre la mayoría hindú y la minoría musulmana, y nombró a Twitter, dos líderes de la oposición y varios periodistas que compartieron el vídeo como acusados en la investigación por intentar romper la paz social.

El Gobierno indio acusó este miércoles a Twitter de incumplir "deliberadamente" la nueva legislación del país asiático para regular el contenido en línea, que la red social ha calificado de una amenaza en potencia a la libertad de expresión.

La nueva legislación, anunciada el pasado febrero y que entró en vigor el pasado 26 de mayo bajo el nombre de Directrices sobre Intermediarios, se ha encontrado también con el rechazo de Whatsapp por considerar que quebranta la privacidad.

TWITTER EN EL PUNTO DE MIRA

"La cruda realidad es que Twitter no ha cumplido con las Directrices sobre Intermediarios", afirmó el ministro de Comunicaciones indio, Ravi Shankar Prasad, en una serie de mensajes en la red social.

Prasad afirmó que el Gobierno indio ha dado múltiples oportunidades a Twitter para seguir la nueva legislación, pero la compañía "se ha decantado de forma deliberada por el incumplimiento".

La nueva legislación ha sido criticada por otorgar al Gobierno indio un mayor control de los medios de comunicación digitales, redes sociales y plataformas audiovisuales de vídeo bajo demanda como Netflix.

Las nuevas reglas obligan a eliminar rápidamente cualquier contenido ilegal y ayudar a investigar su origen, mientras que las redes sociales deben permitir la identificación del primer usuario que originó una información que se requiere para los fines de prevención, detección, investigación, enjuiciamiento o castigo de un delito.

Whatsapp ha denunciado que esto supondría un golpe a la privacidad y el fin del cifrado de sus mensajes, mientras que la legislación ha sido denunciada como un ataque a la libertad de expresión por parte del Gobierno del primer ministro, el nacionalista hindú Narendra Modi.

Otro de los aspectos de la nueva regulación obliga a las empresas internacionales a establecer intermediarios en la India a los que las autoridades pueden recurrir en caso de conflicto, algo que Twitter no ha cumplido, según Prasad.

El Gobierno había dado un ultimátum a la red social para cumplir las normas el pasado 5 de junio.

PROTECCIÓN LEGAL EN DUDA

En caso contrario, Twitter podría perder la protección legal que acompaña a su estatus de intermediario, y ser considerado responsable de los contenidos que los usuarios publican en su plataforma.

El ministro destacó una reciente agresión a un hombre musulmán de edad avanzada en Ghaziabad, una localidad cercana a la capital india, como "un caso ilustrativo de la arbitrariedad de Twitter a la hora de luchar contra las noticias falsas".

La víctima alegó en un vídeo, que se volvió rápidamente viral en Twitter, que un grupo de extremistas hindúes le cortaron la barba y le obligaron a cantar eslóganes religiosos hindúes tras propinarle una paliza.

La Policía, sin embargo, rechazó que se trate de un incidente entre la mayoría hindú y la minoría musulmana, y nombró a Twitter, dos líderes de la oposición y varios periodistas que compartieron el vídeo como acusados en la investigación por intentar romper la paz social.

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