Luego de que la iniciativa legislativa sobre los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG) fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Administración y Procuración y Justicia de la LX Legislatura del Estado de Querétaro e impulsada por organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos como el Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación; SOS Discriminación Internacional Querétaro; el Centro de Atención Integral a Familias de Adolescentes y Jóvenes LGBT de Querétaro (Caifaj); Yaaj A.C., entre otras.
Mediante un comunicado de prensa trascendió que, las juventudes de SOS Discriminación Internacional Querétaro y del Observatorio Juvenil por la No Discriminación Querétaro (OJQ) reconocieron a los activistas históricos de la diversidad sexual y derechos humanos.
De este modo, el colectivo indicó que, cuando no hay nada que curar, porque ninguna orientación sexual o identidad de género es una enfermedad, pues “desde 1990 la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó a la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales y actualmente ha reconocido a la transexualidad como una variante más de la sexualidad humana”.
En ese sentido, las juventudes de las citadas organizaciones antidiscriminatorias recordaron que, de acuerdo a especialistas en el tema, los ECOSIG afectan principalmente a 4 de cada 10 jóvenes en México, entre los 13 y 19 años que en base a engaños y en contra de su voluntad son llevados a lugares donde los torturan hasta que digan que se han “curado de la homosexualidad y se han convertido en heterosexuales”.
En el mismo tenor, recordaron el informe que presentó Víctor Madrigal-Borloz, experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género ante el Consejo de Derechos Humanos (A/HRC/44/53), donde examina los ECOSIG, las llamadas “terapias de conversión”, porque no hay nada que curar.
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Así mismo, se informó que una encuesta mundial reciente, reveló que 4 de cada 5 personas sometidas a estas prácticas tenían 24 años o menos y alrededor de la mitad tenían 18. Además de señalar que estas prácticas son por naturaleza discriminatorias y las califica como actos crueles, inhumanas y degradantes e incluso tortura, pudiendo generar responsabilidad internacional del Estado.
