El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Carlos Cabrera Valencia, señaló que ejecutorias por laudos laborales su administración, a un año de haber comenzado, ha pagado alrededor de 14 millones de pesos, que corresponden a la resolución de un tercio de los expedientes que contemplaban en un inicio.
Declaró que cuando asumió la presidencia municipal en octubre del año pasado, tomó conocimiento de una deuda laboral por 100 millones de pesos, esto de acuerdo con las demandas cuantificadas en los propios expedientes, y que se le ha dado salida al 10 por ciento de estos asuntos.
“Si tenemos expedientes incluso, incluso algunos de la administración 2001 – 2012 es el más añejo, nosotros solo tenemos 10 expedientes en lo que va de la administración, tuvimos cuando llegamos una deuda laboral de más de 100 millones de pesos, esto de acuerdo a los mismos expedientes y hemos pagado aproximadamente en ejecutorias de laudos laborales unos 14 millones de pesos”.
El edil recalcó que en la actualidad tendrían pendiente alrededor de 100 expedientes que, de los cuales, recalcó solo el 10 por ciento pertenecen a su gobierno, y que son temas que ya se trabajan por parte del Municipio y desde luego, los demandantes, sobre todo porque consideró que no pretenden sumarles carga a estos casos.
“Cada que llega una ejecutoria de un laudo laboral, se paga puntualmente, s extiende un cheque nominal y se entrega vía ante el tribunal para poder finiquitar un asunto, entonces en lo que estamos apurados nosotros es en atender puntualmente lo que al derecho le asiste a los trabajadores o ex trabajadores”.
Lo anterior, trascendió luego de que, en la pasada sesión de Cabildo, los integrantes de este cuerpo colegiado hieran acato del mandato judicial para exonerar de una inhabilitación a Carlos Rivas Gutiérrez, quien fuera tesorero en la administración de ex alcalde, Fabián Pineda Morales, en el periodo 2012 – 2015.
Por lo que el edil Cabrera Valencia añadió que “Se le concedió el amparo y protección de la justicia federal, y que, en cumplimento a una sentencia de amparo, nosotros dimos cumplimiento a dejar sin efecto las sanciones que le habían sido impuestas, la inhabilitación entiendo que le habían fincado como una responsabilidad administrativa por lo que se le señaló en su momento, queda totalmente sin efectos”.
