Los seis policías que habrían estado involucrados en el delito en el desempeño indebido del servicio público, y que fueron reinstalados a la Secretaría de Seguridad Pública de San Juan del Río realizan actividades fijas de atención a la ciudadanía, refirió Ángel Rangel Nieves, titular de esta corporación
Comentó que, si bien sigue su procedimiento, ya están trabajando para favorecer a la paz y orden de los sanjuanenses, pero que, su situación jurídica aún debe pasar por algunos filtros establecidos por la ley, y que en todo momento se supervisa su labor al interior de la Policía Municipal.
"La suspensión de estos elementos obedece a que, un juez ordena que durante su procedimiento haya la separación del cargo de manera temporal para que se pueda llevar a cabo la investigación correspondiente, una vez terminado el procedimiento, es el juez, dice que ha terminado y ordena su reinstalación”.
El funcionario comentó que, en lo que corresponde a la Policía Municipal, ellos llevan un procedimiento interno a través del Órgano Interno de Control, el cual, dijo, es paralelo a las indagaciones de la Fiscalía, y que, se pueda acreditar la comisión de alguna situación que amerite sanción.
“Es efectivamente el momento en el que, el mismo Consejo de Honor y Justicia determina que como sanción por la falta que se les había acusado de manera interna, implica la suspensión de 180 días sin goce de sueldo, que fue lo que duró la suspensión del mismo procedimiento penal”.
El encargado de la seguridad de los ciudadanos recalcó que, su desempeño es vital para seguir por el camino recto, y sobre todo poniendo por encima la vocación de servicio hacia los sanjuanenses, toda vez que, al estar en calle, tienen mayor acercamiento con las demandas de las personas.
“Ahorita están llevando a cabo (los policías reinstalados) tareas fijas en servicios que tiene la misma Secretaría, en servicios que implique estar fijo en un lugar. El trabajo policial.”
Cabe mencionar que, de acuerdo con lo que informó la Fiscalía, se determinó que, todos y cada uno de los imputados se acogieron al beneficio de Ley, denominado suspensión condicional del proceso, que implica que para evitar una sentencia judicial de condena, se someten a un plazo de prueba de no volver a cometer delitos y observar buena conducta.
Además que, en todos los casos esta suspensión es de 8 meses, misma que está corriendo y en caso de ser violentada se activará el proceso judicial.
