/ miércoles 13 de junio de 2018

Fepade informa a Congreso que está listo el blindaje electoral

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) informó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que se estableció un blindaje electoral para inhibir delitos de cara a las elecciones federales y estatales del próximo 1 de julio.

En la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente se publicó el oficio remitido por la Fepade en respuesta a una solicitud de información promovida por senadores, donde le exhortan a intensificar las acciones que eviten se vulneren los principios de equidad e imparcialidad durante el proceso electoral en marcha.

Al respecto, la fiscalía refrendó su compromiso de generar un ambiente de equidad e imparcialidad durante la elección, e indicó a los legisladores que se han llevado a cabo despliegues ministeriales en los estados de la República, con el objetivo de prevenir y establecer la probable incidencia de conductas catalogadas como delitos electorales.

Héctor Marcos Díaz-Santana, titular de la Fepade, detalló que se han implementado una serie de acciones, entre ellas el despliegue de servidores públicos en diversas regiones de las entidades federativas, para prevenir y capacitar en material electoral, coordinarse interinstitucionalmente e investigar las denuncias existentes.

Además se instalaron módulos de atención ciudadana en diversas ciudades para informar a los electores sobre lo que deben considerar como delito electoral, quiénes pueden cometerlos, cómo denunciar las conductas, así como dar a conocer las autoridades encargadas de prevenir, investigar y perseguir a quienes los cometan.

La Fepade también ha capacitado a Ministerios Públicos de la federación, policías estatales y municipales respecto a la prevención de delitos electorales de acuerdo con las funciones que desempeñan como servidores públicos.

Se informó asimismo a senadores y diputados federales que se han impartido pláticas de sensibilización para la atención con perspectiva intercultural a los ciudadanos que forman parte de comunidades y pueblos indígenas en el país.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) informó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que se estableció un blindaje electoral para inhibir delitos de cara a las elecciones federales y estatales del próximo 1 de julio.

En la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente se publicó el oficio remitido por la Fepade en respuesta a una solicitud de información promovida por senadores, donde le exhortan a intensificar las acciones que eviten se vulneren los principios de equidad e imparcialidad durante el proceso electoral en marcha.

Al respecto, la fiscalía refrendó su compromiso de generar un ambiente de equidad e imparcialidad durante la elección, e indicó a los legisladores que se han llevado a cabo despliegues ministeriales en los estados de la República, con el objetivo de prevenir y establecer la probable incidencia de conductas catalogadas como delitos electorales.

Héctor Marcos Díaz-Santana, titular de la Fepade, detalló que se han implementado una serie de acciones, entre ellas el despliegue de servidores públicos en diversas regiones de las entidades federativas, para prevenir y capacitar en material electoral, coordinarse interinstitucionalmente e investigar las denuncias existentes.

Además se instalaron módulos de atención ciudadana en diversas ciudades para informar a los electores sobre lo que deben considerar como delito electoral, quiénes pueden cometerlos, cómo denunciar las conductas, así como dar a conocer las autoridades encargadas de prevenir, investigar y perseguir a quienes los cometan.

La Fepade también ha capacitado a Ministerios Públicos de la federación, policías estatales y municipales respecto a la prevención de delitos electorales de acuerdo con las funciones que desempeñan como servidores públicos.

Se informó asimismo a senadores y diputados federales que se han impartido pláticas de sensibilización para la atención con perspectiva intercultural a los ciudadanos que forman parte de comunidades y pueblos indígenas en el país.

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