/ sábado 22 de abril de 2023

SCJN definirá si GN tiene facultades para resguardar estaciones migratorias

Argumentan que los migrantes no están cumpliendo penas por un delito en estos centros, por lo que no son necesarios los cuerpos de seguridad

En continuación con debates relacionados a la Guardia Nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retomará esta semana el análisis sobre si el cuerpo de seguridad cuenta con facultades para resguardar las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración (INM).

El análisis se desprende de la acción de inconstitucionalidad 62/2019 presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de varias disposiciones de la Ley de la Guardia Nacional, entre ellas la facultad mencionada.

Puedes leer también: No los dejaron salir pese a las llamas: cómo murieron los migrantes en incendio del INM

A cargo del ministro Javier Laynez Potisek, quien fue criticado recientemente por el presidente Andrés Manuel López Obrador tras otorgar una suspensión contra el Plan B electoral, el proyecto propone invalidar dichas funciones al considerarlas inconstitucionales y sin sustento en pro de la seguridad pública.

El argumento del ministro se sustenta en que las estaciones migratorias no son centros de reclusión en los que las personas migrantes cumplan penas por un delito, sino que más bien son centros de ayuda, de manera que no tiene razón de ser la inspección del cuerpo de seguridad.

“(La medida) es inconstitucional, pues el alojamiento de las personas migrantes dentro de las estaciones migratorias no es una medida punitiva, ni constituye una cuestión que ponga en riesgo la seguridad pública, por lo que no se justifica la permanencia de la Guardia Nacional al interior de dichas estaciones”, explica en su proyecto.

Lo propuesto por el ministro se discutirá a una semana de que el Pleno de la SCJN echó atrás la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que generó la molestia del presidente López Obrador ya que de esta forma, dijo, no se previene que la corporación se corrompa.

La acción de inconstitucionalidad presentada por la CNDH, entonces a cargo de Luis Raúl González Pérez, también busca invalidar el que la Guardia Nacional tenga facultades para solicitar la geolocalización de un aparato de comunicación móvil para la investigación de cualquier delito, así como el llevar a cabo operaciones encubiertas. Ambas apoyadas por el proyecto.

También busca evitar que la Guardia Nacional pueda intervenir comunicaciones, sin embargo, esto no lo acompaña el ministro Laynez Potisek, pues considera que sí existe marco legal para su regulación.

En esta misma semana, luego de concluir el análisis de este proyecto, la SCJN atenderá otro que tiene que ver con la Guardia Nacional, pero a cargo de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien propondrá al Pleno desechar el amparo presentado por Mexicanos Unidos Contra la Delincuencia.

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Esto, ya que la organización asegura que la participación de la Guardia Nacional en tareas de seguridad en estados y municipios, tal y como está concebida actualmente, centraliza y somete la seguridad pública al poder federal, lo que invade las facultades de los gobiernos locales, sin embargo, la ministra considera los argumentos infundados al estimar que se trata de una corporación de carácter civil.

En continuación con debates relacionados a la Guardia Nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retomará esta semana el análisis sobre si el cuerpo de seguridad cuenta con facultades para resguardar las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración (INM).

El análisis se desprende de la acción de inconstitucionalidad 62/2019 presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de varias disposiciones de la Ley de la Guardia Nacional, entre ellas la facultad mencionada.

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A cargo del ministro Javier Laynez Potisek, quien fue criticado recientemente por el presidente Andrés Manuel López Obrador tras otorgar una suspensión contra el Plan B electoral, el proyecto propone invalidar dichas funciones al considerarlas inconstitucionales y sin sustento en pro de la seguridad pública.

El argumento del ministro se sustenta en que las estaciones migratorias no son centros de reclusión en los que las personas migrantes cumplan penas por un delito, sino que más bien son centros de ayuda, de manera que no tiene razón de ser la inspección del cuerpo de seguridad.

“(La medida) es inconstitucional, pues el alojamiento de las personas migrantes dentro de las estaciones migratorias no es una medida punitiva, ni constituye una cuestión que ponga en riesgo la seguridad pública, por lo que no se justifica la permanencia de la Guardia Nacional al interior de dichas estaciones”, explica en su proyecto.

Lo propuesto por el ministro se discutirá a una semana de que el Pleno de la SCJN echó atrás la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que generó la molestia del presidente López Obrador ya que de esta forma, dijo, no se previene que la corporación se corrompa.

La acción de inconstitucionalidad presentada por la CNDH, entonces a cargo de Luis Raúl González Pérez, también busca invalidar el que la Guardia Nacional tenga facultades para solicitar la geolocalización de un aparato de comunicación móvil para la investigación de cualquier delito, así como el llevar a cabo operaciones encubiertas. Ambas apoyadas por el proyecto.

También busca evitar que la Guardia Nacional pueda intervenir comunicaciones, sin embargo, esto no lo acompaña el ministro Laynez Potisek, pues considera que sí existe marco legal para su regulación.

En esta misma semana, luego de concluir el análisis de este proyecto, la SCJN atenderá otro que tiene que ver con la Guardia Nacional, pero a cargo de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien propondrá al Pleno desechar el amparo presentado por Mexicanos Unidos Contra la Delincuencia.

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Esto, ya que la organización asegura que la participación de la Guardia Nacional en tareas de seguridad en estados y municipios, tal y como está concebida actualmente, centraliza y somete la seguridad pública al poder federal, lo que invade las facultades de los gobiernos locales, sin embargo, la ministra considera los argumentos infundados al estimar que se trata de una corporación de carácter civil.

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