El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, testificó el viernes ante una comisión investigadora independiente para defender su invocación de poderes de emergencia para desalojar a los camioneros que paralizaron la capital del país a principios de este año, denunciando graves amenazas de violencia.
Su testimonio ante la Comisión de Emergencia del Orden Público concluyó seis semanas de audiencias sobre una ley raramente utilizada, invocada en febrero después de semanas de protestas contra las medidas para enfrentar el covid-19. Opositores políticos y grupos de libertades civiles consideraron que Trudeau se extralimitó.
Al declarar el viernes en Ottawa, Trudeau dijo que los manifestantes habían embestido vehículos contra patrullas de la policía y usado a niños como escudos.
Apuntó que a la policía le preocupaba que estos grupos pudieran estar acumulando armas, en tanto los servicios de inteligencia de Canadá advirtieron sobre "la presencia de personas que promovían el extremismo violento por motivos ideológicos", lo cual podría desencadenar ataques aislados. Las tensiones aumentaron aún más cuando surgieron contraprotestas, señaló Trudeau.
"Estábamos viendo que las cosas se intensificaban", dijo, y agregó: "Necesitábamos hacer algo para mantener a salvo a los canadienses".
Invocar la Ley de Emergencias "fue lo correcto. Y lo hicimos", concluyó.
Los camioneros llegaron a la capital el 29 de enero desde todo Canadá. En días siguientes se sumaron otras manifestaciones en todo el país, que bloquearon los corredores comerciales, incluido el puente a Detroit, el cruce fronterizo internacional más transitado de América del Norte.
La comisión investigadora tiene el mandato de evaluar la "idoneidad y eficacia de las medidas" tomadas por el gobierno de Trudeau frente a las protestas. No está facultada para imponer sanciones, pero podría incluir recomendaciones para actualizar esta ley de 1988.
- Jacuzzis, castillos inflables y barbacoas -
El panel, encabezado por el exjuez Paul Rouleau, ha escuchado a funcionarios, líderes de las protestas y residentes de Ottawa afectados por los incesantes bocinazos y los vapores de diésel de los grandes camiones.
"Era un polvorín a punto de explotar", dijo Peter Sloly, un exjefe de policía de Ottawa que renunció durante la crisis por lo que, según supo la comisión, fue una respuesta policial desorganizada, incluidas fallas de inteligencia y filtraciones, ambas ahora bajo investigación.
Los organizadores del llamado "Convoy de la libertad" pintaron un panorama muy diferente. Dijeron que la manifestación de Ottawa fue una protesta legítima contra las políticas "malvadas" del gobierno, y describieron un ambiente festivo con jacuzzis, castillos inflables y barbacoas frente al Parlamento.
"No estábamos allí para molestar a los residentes de la ciudad", dijo la camionera Brigitte Belton. "Estábamos allí para ser escuchados".
Sin embargo, la evidencia presentada a la comisión mostró que algunos organizadores querían eliminar a los miembros extremistas que pedían un golpe de Estado o difundían teorías de conspiración.
El jueves, la viceprimera ministra Chrystia Freeland indicó los riesgos que el bloqueo supuso para la economía canadiense, en particular el de crear un "daño irreparable" en las relaciones comerciales con Estados Unidos. Dijo que un inversionista llegó a decirle que ya no invertiría "ni un centavo" en "la república bananera de Canadá".
Esta semana, la asesora de seguridad nacional de Trudeau, Jody Thomas, dijo que recomendó invocar la ley de emergencias ya que las protestas estaban "causando una inestabilidad económica significativa" y "la retórica violenta aumentaba rápida y exponencialmente", con crecientes "amenazas contra figuras públicas".
La policía finalmente intervino, remolcando los grandes camiones fuera de Ottawa en una medida que resultó en casi 200 arrestos. También se incautó un alijo de armas y cuatro personas involucradas en el bloqueo del cruce fronterizo de Coutts, Alberta, fueron acusadas de conspirar para asesinar a policías.
