Dra. Teresa García Gasca
Universidad Autónoma de Querétaro
El pasado 5 de febrero fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, entre otras, la iniciativa del Ejecutivo Federal con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho a la alimentación, ambiente sano y derecho al agua. Con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Agua es importante reflexionar respecto del alcance de dicha iniciativa.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, dos mil millones de personas (aproximadamente el 25 por ciento de la población mundial) no tienen acceso a agua potable, y la mitad de la población mundial sufre escasez; se prevé que al 2050 se duplique la población urbana con escasez de agua. Reconocer que el país se encuentra en condiciones graves de crisis hídrica es importante, pero no suficiente. Otorgar el nivel de derecho humano al agua tampoco lo es. No lo es porque se sigue considerando al agua como propiedad, como recurso, aunque se le llame derecho. Es cierto que toda persona tiene derecho a gozar de un medio ambiente sano, al acceso, disposición y saneamiento del agua para su consumo personal y doméstico. Sin embargo, aunque se reconoce que entre las causas de la crisis hídrica que hoy tenemos está la sobreexplotación de acuíferos, nada se propone para resolver ese problema.
La disponibilidad del agua no se resuelve con decretarla como un derecho, no basta entubarla y sanearla. Es indispensable protegerla, en sus cauces, en las cuencas, en los cuerpos de agua. Es necesario mantener los caudales para el abastecimiento de agua en los ecosistemas, porque son los ecosistemas los que nos nutren y dan vida. Es cierto, también estamos inmersos en una crisis climática, con sequías prolongadas y lluvias erráticas que agravan sobremanera el problema. Justamente por ello es que es más importante todavía cuidar el agua para abastecimiento natural.
Lo anterior implica reformar de raíz la manera en la que se gestiona el agua en nuestro país. Pretender tener resultados distintos haciendo lo mismo, es imposible. Es indispensable controlar y limitar las concesiones hasta erradicarlas. Si el agua es un derecho para la vida, su valor es incalculable y no hay forma de monetizarlo. Continuar con el esquema mercantilista únicamente agravará la ya delicada situación. La población debe prepararse para un cambio radical en el uso y aprovechamiento del agua, pues llegaremos al momento que su uso deba ser racionado.
Se necesita que como usuarios seamos más eficientes, responsables y conscientes de que el problema también nos incumbe en lo individual. Educar a las y los niños a cuidar el agua, a no desperdiciarla, a cosecharla, a no contaminarla.
Urge una reforma en la Ley de Aguas, una reforma de fondo, abierta al cambio y exenta de intereses partidistas y de grupo. Libre de compromisos políticos y mercantiles. El agua es vital y no podemos siquiera pensar que la estamos agotando. La ciudadanía, las comunidades, las y los ambientalistas, integrantes de ONGs y académicos expertos, hombres y mujeres, hemos alzado la voz para solicitar, para suplicar a las autoridades de gobierno que escuchen. Este no es solo un tema de gobernabilidad, si no de gobernanza.
