Las universidades públicas estatales (UPES), subsistema al que pertenecen las universidades autónomas, cuentan con tres fuentes de recursos: federales, estatales y propios. De forma general, las UPES han cursado por décadas de insuficiencia presupuestaria, principalmente porque no existe una estrategia que ligue los objetivos del desarrollo nacional con las acciones que, de por si, se llevan a cabo en las UPES. La educación en el país no va desarticulada de las necesidades y prioridades del país, por el contrario, todas las áreas del conocimiento engarzan con la resolución de problemas científico-tecnológicos, sociales, ambientales, de salud, entre muchos más. De esta forma, es importante conocer cómo se han asignado los subsidios federal y estatal, cómo sería posible armonizar los alcances de las UPES para que los presupuestos dejen de parecer una carga y se conviertan en ejes del desarrollo. En esta ocasión se abordará el tema del subsidio federal, dejando para la siguiente entrega el tema del subsidio estatal.
El gasto para educación como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) no ha alcanzado el 8% para el ramo educativo en general, ni el 1% para educación superior, ciencia y tecnología. Por el contrario, considerando como punto de referencia el 2015, el porcentaje del PIB ha sido en promedio del 3.27%, en donde el 2023 fue el año más bajo con 2.95% en el caso de educación en general. Para el caso de educación superior, ciencia y tecnología en promedio ha sido del 0.57%, con el valor más bajo en 2023 con 0.49%.
De esta forma, la inversión per cápita por estudiante ha disminuido cada sexenio desde el año 2000. De acuerdo al Quinto Informe de Gobierno de México, en el sexenio de Vicente Fox Quezada (2000-2006), la inversión per cápita promedio por estudiante de educación superior era de 103 mil 533 pesos, en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) fue de 105 mil 245 pesos; durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) fue de 95 mil 929 pesos y en el actual sexenio de Andrés Manuel López Obrador es de 64 mil 473 pesos, 34% inferior al sexenio anterior inmediato.
Adicionalmente, los fondos extraordinarios para universidades públicas han disminuido de 10 mil 967 millones de pesos en 2015 a 117 millones en 2024, lo que significa solo el 1% respecto al 2015. Lo anterior ha provocado que las universidades públicas no puedan enfrentar compromisos estructurales para su crecimiento. Ante esta situación, hoy cinco UPES se encuentran en crisis financiera: Durango, Michoacán, Morelos, Nayarit y Zacatecas. Adicionalmente, la Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación ha omitido el compromiso de lograr un piso presupuestario y, con ello, condena al desarrollo científico del país a depender de la voluntad política del gobierno en turno.
Es claro que la asignación de presupuesto para el sector de educación superior, ciencia y tecnología se considera más una carga financiera que una inversión. No hay plan estratégico para el fortalecimiento del sector en el país y, con ello, es cada vez más difícil el crecimiento de las UPES que, dicho sea de paso, atienden al 70% de las y los estudiantes universitarios en el país. Urge que la visión del gobierno federal reconozca la importancia de la educación superior y el valor del papel de las UPES en el desarrollo de nuestro país. Solo así podrá ser posible caminar en la misma dirección y construir un país más justo e igualitario.
