La LX Legislatura no podrá legislar sobre la creación de un padrón de deudores alimentarios en la entidad hasta que no se definan los lineamientos nacionales al respecto, enfatizó Graciela Juárez Montes, diputada presidenta del Poder Legislativo.
La legisladora señaló que, en lo personal, está de acuerdo en contar con un padrón estatal; sin embargo, apuntó que como legisladores deben ser cuidadosos de no vulnerar los derechos humanos de quienes puedan inscribirse en dicho padrón.
“En este tema, la reforma constitucional prevé un padrón nacional, nosotros no tenemos todavía lineamientos para poder legislar en ese tema, prevé justo en esta reforma constitucional 300 días que le dan al DIF nacional para que pueda implementar esta reforma para poder crear el padrón nacional. Nosotros no podemos legislar en el tema si no tenemos lineamientos establecidos”, apuntó.
Por lo anterior, subrayó que estarán a la espera de que el DIF nacional cree dicho padrón para poder replicar lo federal a lo estatal; argumentó no se descarta al 100% crear el padrón estatal, aunque insistió en que deben contar con normas federales para replicarlas en lo local.
“No es un no tampoco, por que no sabemos de qué manera se va a implementar, estaremos a la espera, no podemos nosotros adelantarnos y legislar en el tema si no hay lineamientos establecidos”, expresó.
Reconoció que en marzo de este año el diputado priista Paul Ospital Carrera presentó una iniciativa para crear el registro estatal de deudores alimentarios; sin embargo, enfatizó que al existir una reforma constitucional será ésta la que rija el actuar de los legisladores queretanos, quienes cuentan con 120 días naturales para armonizar la ley.
“Yo creo que es demasiado prematuro dar un posicionamiento cuando todavía no tenemos lineamientos, yo creo que sería más buen primero conocer qué alcances tiene esta reforma constitucional para después implementarla aquí en el estado de Querétaro; creo que es un tema de analizar”, expresó.
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El lunes pasado la asociación civil Adax Digitales colocó un tendedero en las instalaciones del Poder Legislativo de Querétaro para exigir que en el estado se cuente con un registro de deudores alimentarios.
