En la presentación del paquete económico para 2021 se plantean algunas modificaciones las leyes fiscales, no se contienen nuevos impuestos pero se busca de manera importante hacer mucho más eficiente la recaudación tributaria por lo que estas modificaciones tienden a intensificar la fiscalización a los contribuyentes.
Ya a partir del año 2020 se da la posibilidad de que las autoridades fiscales reconfiguren algunas deducciones cuando consideren que el beneficio fiscal es mayor al beneficio económico obtenido por el contribuyente, pretendiendo evitar que el ciudadano tome la mejor opción fiscal que contenga la ley obteniendo una carga tributaria menor, así con esa actuación de la autoridad, así con ello puede generarse una carga fiscal adicional a la que el contribuyente calcule; en ello se otorgan para este año facultades muy especiales a los funcionarios fiscales para determinar las contribuciones a cargo de los contribuyentes llegando al extremo incluso de aplicar parámetros especiales para el pago de impuesto sobre la renta dependiendo del sector en que se encuentre el contribuyente, así determinar el margen de utilidad que “debe ser” apartándose por completo de la regla básica de autodeterminación de las contribuciones que implica, que es al contribuyente al que le corresponde determinar las contribuciones a su cargo.
En esta como en muchas iniciativas anteriores se presentan algunos ejes rectores sobre los que se ha planteado el paquete económico, en ello sin duda lo que debe privilegiarse es que el planteamiento de esto coincida con la realidad, que en la práctica se cumplan; así la primera es la simplificación administrativa y seguridad jurídica, lo que estriba sin duda en el cumplimiento de principios económicos tributarios, como son la certidumbre, de economía y comodidad, se plantea que el cumplimiento de las disposiciones fiscales sea más sencillo y los contribuyentes tengan claridad de sus derechos y obligaciones, se plantean actualizaciones, precisiones, así como el establecimiento de requisitos y directrices claras, con lo que se busca otorgar mayor seguridad jurídica, al tiempo que se simplifica el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, así las cosas con ello debe observarse que en cuanto mas claras las reglas , también se delimita la actuación de la autoridad fiscal proscribiendo la arbitrariedad y la corrupción.
Un aspecto fundamental es la modernización ya que como sabemos, desde el aó 2014 se ha intensificado el uso de las tecnologías en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, como el buzón tributario, correo electrónico, sellos digitales para la emisión de comprobantes, uso del internet en trámites, por hoy se plantea incluso la posibilidad del uso de videos y fotografías que permitan el registro de hechos que se conozcan, sobre todo para el ejercicio de facultades de comprobación por parte de las autoridades, lo que puede vulnerar la seguridad jurídica del contribuyente al afectar a la privacidad, por lo que debe tenerse especial cuidado en los alcances de dichos mecanismos.
La gestión tributaria consiste en la asistencia, control y vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, acciones que se pretenden intensificar, la gestión influye también a través del ejercicio de facultades de comprobación que consisten en la inspección, verificación, determinación y liquidación de las contribuciones, en ello debe continuar privilegiándose el principio de autodeterminación de las contribuciones lo que implica por si la confianza en que el contribuyente realiza correctamente la determinación de las contribuciones a su cargo.
Se plantea impulsar la eficiencia recaudatoria del ciclo tributario, con una reingeniería de la función de asistencia al contribuyente , el impulso de la cultura contributiva, la ea a en la es fiscales en cuanto a las devoluciones de contribuciones, comprobantes fiscales y otros instrumentos.uyentes a travobtención de información relevante del contribuyentes, el empleo de las tecnologías; finalmente el combate a la corrupción donde se proponen fijar reglas de actuación para las autoridades fiscales que redunden en la transparencia de la función y desalienten posibles prácticas irregulares; un ataque especial a la evasión y elusiones fiscales en cuanto a las devoluciones de contribuciones, comprobantes fiscales y otros instrumentos.
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