Una de las obligaciones principales que tiene el Ejecutivo Federal es el de enviar el paquete económico con las propuestas de modificaciones a las leyes fiscales a más tardar el 8 de septiembre para que después de las discusiones en ambas cámaras del Congreso de la Unión, quede autorizada la Ley de Ingresos de la Federación a más tardar el 15 de noviembre.
A esta fecha existen ya algunas propuesta que pretenden modificar diversas leyes fiscales, especialmente la del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado, con la intención a decir de quienes proponen, de que se incrementen los ingresos pero seguir cuidando el cumplimiento de los principios de las contribuciones, proporcionalidad y equidad, donde el primero implica que las personas paguen de acuerdo a su capacidad contributiva, la segunda refiere la posibilidad de tratar de manera diferenciada a las personas, atendiendo a las características del grupo de contribuyentes a que pertenezcan.
El gobierno desde 2019 ha planteado en el paquete económico ha señalado reiteradamente que no habrá nuevos impuestos ni aumento a los existentes y, además, que incluirán diversas iniciativas que fomenten a los emprendedores, promuevan el ahorro voluntario y mejoren el servicio profesional de carrera, simplificarán el pago de impuestos para pequeñas y medianas empresas (Pymes) e incentivos para que empresarios inviertan en ciencia y tecnología; además de que se impulsará un Presupuesto de Egresos mucho más austero, buscando reducir el déficit público.
Así ante esa necesidad se plantea urgente una modificación a la política tributaria, básicamente en incorporar un esquema de tributación fácil y sencillo que ayude a revertir los efectos nocivos que están afectando al desarrollo de la economía mexicana, concretamente, que coadyuve en el impulso y fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa, creadora de empleos y parte fundamental del crecimiento económico nacional.
Por lo que se refiere a personas físicas se propone disminuir las tasas aplicables en la tarifa correspondiente, ya que la tasa máxima que una persona paga es del 35%, la cual ha resultado muy onerosa para la población en general. Por ello, se propone que la tasa máxima sea del 25%, la cual sería acorde a la tasa corporativa de las empresas, logrando que las personas tengan una mejor liquidez y, en consecuencia, puedan destinar una mayor cantidad de recursos para sus gastos o inversiones en bienes duraderos, ayudando de manera importante a la reactivación de la economía doméstica.
Se propone una reducción de la tasa de impuesto sobre la renta de las personas morales de un 30% a una tasa del 25%, la cual permitirá que las sociedades mexicanas permanezcan en territorio nacional y no migren a otros paises buscando tener una mayor eficiencia fiscal y, en consecuencia, con motivo del nuevo TMEC haría mucho más competitivo a México en los mercados internacionales.
Especial punto, se observa en la incorporación de un capítulo IX en el titulo II aplicable a personas morales y denominado “del Régimen opcional para actividades empresariales” aplicable a personas físicas y morales con actividades empresariales que sean consideradas como micro, pequeña y mediana empresa para que en lugar de calcular y pagar el impuesto sobre la renta a su cargo como hasta hoy lo vienen haciendo puedan optar por calcular, determinar y pagar el impuesto sobre la renta a su cargo aplicando una tasa a los ingresos netos obtenidos en el ejercicio, de acuerdo al nivel de ingresos que tengan, estableciendo una tabla de cuatro rangos, que va en aplicación de porcentajes diversos, así para ingresos de hasta 20 millones, 5%; hasta 50 millones, 7% ; hasta 80 millones 9%; hasta 250 millones 12%.
Sin duda posterior a esto y en las siguientes semanas haremos observaciones puntuales respecto de las propuestas.
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