En medio del fervor político que precede a las elecciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha desplegado una serie de propuestas de reformas constitucionales, entre las que destaca su plan para modificar el sistema de pensiones. Si bien la intención de garantizar pensiones justas y dignas es loable, es crucial analizar con atención los aspectos menos visibles de esta iniciativa y cuestionar su viabilidad y pertinencia en el contexto actual.
La elección del momento para presentar esta reforma no puede pasarse por alto. Con el proceso electoral en el horizonte, es difícil no interpretar esta movida como una estrategia política calculada para ganar votos y favorecer la imagen del gobierno en turno. La conveniencia temporal de la propuesta parece indicar un intento por capitalizar políticamente las demandas sociales relacionadas con el bienestar económico de los trabajadores en edad de retiro. Sin embargo, debemos preguntarnos si la urgencia de abordar este tema ahora es genuina o si es simplemente un recurso para influir en el ánimo de los votantes.
Desde una perspectiva maquiavélica, la jugada de AMLO se muestra astuta: si la reforma es aprobada, el derroche de recursos le otorga un triunfo populista que refuerza su base de apoyo. Por otro lado, si la propuesta no es aprobada, el presidente se encuentra frente a un amplio botín político, pues puede señalar a la oposición como contraria a los intereses del pueblo, consolidando su imagen como un líder comprometido con las demandas populares. En ambos escenarios, AMLO se posiciona estratégicamente para obtener réditos políticos, lo que subraya la naturaleza calculada y oportunista de su estrategia electoral.
Pero más allá de las consideraciones electorales, es crucial analizar la solidez y sostenibilidad de la propuesta misma. La falta de fundamentos sólidos y el riesgo fiscal y económico que implica son aspectos que no pueden pasarse por alto. Aunque la idea de garantizar un salario completo al momento de la jubilación suena atractiva en teoría, la viabilidad financiera de esta promesa es cuestionable. La propuesta carece de detalles concretos sobre cómo se financiará este incremento en las pensiones y qué impacto tendrá en las finanzas públicas a largo plazo. Sin una estrategia clara para cubrir los costos asociados, corremos el riesgo de generar desequilibrios fiscales y comprometer la estabilidad económica del país.
Además, la incertidumbre en torno al financiamiento de una reforma de esta magnitud es motivo de preocupación. La propuesta de AMLO no proporciona una fuente de ingresos recurrentes y ordinarios para sostener el aumento en las pensiones. En su lugar, se mencionan diversas fuentes potenciales de financiamiento, como la venta de activos estatales y la extinción de organismos autónomos, pero estas medidas parecen insuficientes para cubrir los costos a largo plazo. La falta de claridad sobre cómo se cubrirán los gastos adicionales genera incertidumbre y deja abierta la posibilidad de que la carga recaiga en los contribuyentes o se genere un déficit presupuestario que deba ser cubierto con más deuda pública.
Al analizar superficialmente las cifras, resulta alarmante la discrepancia entre las promesas y los recursos disponibles. Tomando como referencia el monto inicial del fideicomiso, (asunto aparte la hipocresía de un gobierno que ha empujado la desaparición de fideicomisos) se puede estimar que, con el compromiso de elevar las pensiones a un mínimo de 16,777.68 pesos al mes para los 4.39 millones de pensionados y jubilados solo del IMSS, el fideicomiso duraría aproximadamente 3.86 meses. Esta proyección arroja luz sobre la insostenibilidad financiera a largo plazo de la propuesta, dejando en evidencia la necesidad de un plan más integral y realista que garantice la estabilidad y la viabilidad del sistema de pensiones en el futuro.
La propuesta de reforma de pensiones de AMLO plantea una serie de preocupaciones que no pueden pasarse por alto. Si bien la intención de garantizar pensiones justas es loable, la falta de fundamentos sólidos, el riesgo fiscal y económico, y la incertidumbre en torno al financiamiento de la reforma plantean serias dudas sobre su viabilidad y conveniencia en el contexto actual. En lugar de abordar de manera superficial y oportunista un tema tan delicado, es necesario un análisis detenido y un debate informado que considere todas las implicaciones a largo plazo.
La justicia social, promovida tanto por el PRI como por diversas corrientes políticas, no puede estar sujeta a ocurrencias o decisiones apresuradas que pongan en riesgo la estabilidad financiera del país. Si bien es vital garantizar pensiones dignas para los trabajadores, esto debe lograrse mediante políticas sostenibles y estratégicamente diseñadas que aseguren oportunidades equitativas para todas las generaciones presentes y futuras. La promesa de pensiones completas al momento de la jubilación es un compromiso serio que requiere bases financieras sólidas y un plan claro de acción. Por lo tanto, es fundamental que cualquier reforma en este sentido se base en análisis rigurosos, proyecciones realistas y un consenso amplio que trascienda los intereses políticos de corto plazo.
*Diputado local PRI
