/ miércoles 27 de marzo de 2024

Zoon politikón | La deriva autoritaria de AMLO: ¿Democracia o dictadura disfrazada?


En la vida política de cualquier nación democrática, la imparcialidad y la transparencia son valores fundamentales que garantizan un juego limpio en el proceso electoral. Sin embargo, en los últimos tiempos, hemos sido testigos de un preocupante fenómeno: el uso descarado de los recursos públicos y los medios de comunicación del estado para llevar a cabo actos propagandísticos en favor de las y los candidatos de MORENA y comunicar con un profundo sesgo ideológico con tendencias de adoctrinamiento. Esta práctica, más que censurable, representa una grave amenaza para la democracia misma.

Este problema ha cobrado relevancia en los últimos meses, especialmente durante el proceso electoral en curso. La utilización indebida de los recursos públicos y los medios estatales para promover a Claudia Sheinbaum y MORENA no solo distorsiona la competencia electoral, sino que también socava la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas.

Un ejemplo reciente de esta preocupante tendencia es la situación en torno a las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador. En varias ocasiones, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha ordenado la modificación o eliminación de estas conferencias, argumentando que el presidente ha realizado manifestaciones que podrían influir en el proceso electoral. Esta intervención del INE es un claro indicio de la gravedad del problema: el propio gobierno está siendo acusado de utilizar los recursos públicos y los medios de comunicación del estado para hacer propaganda política.

Lo más alarmante de todo esto es que, en última instancia, son las estaciones de radio y televisión las que corren el riesgo de ser multadas por difundir este tipo de contenido. Es decir, el gobierno comete una falta, pero son los medios de comunicación quienes pagan las consecuencias. Esta injusticia evidencia la urgente necesidad de establecer mecanismos efectivos para garantizar la imparcialidad en el uso de los recursos públicos y los medios estatales durante los procesos electorales.

Resulta irónico que el presidente López Obrador, quien en el pasado fue uno de los principales críticos de la intervención de los presidentes en política, hoy sea el principal interesado en violar la ley en este sentido. Recordemos que muchas de las leyes que regulan el papel de las autoridades durante los procesos electorales son producto de los movimientos de izquierda que el presidente encabezó en el pasado. Es alarmante ver cómo un líder que una vez luchó por la democracia y la justicia ahora parece dispuesto a socavar estos mismos principios en aras de mantenerse en el poder.

La intervención directa del presidente en política, a través de las conferencias matutinas y otros medios estatales, representa un peligroso precedente que socava la separación de poderes y debilita las instituciones democráticas. Cuando el gobierno utiliza su poder para influir en el resultado de las elecciones, se está socavando la voluntad del pueblo y se está erosionando la legitimidad del proceso democrático.

Es alarmante y preocupante que el presidente López Obrador compare al Instituto Nacional Electoral (INE) con la inquisición, sugiriendo una persecución injustificada y una intolerancia hacia su gobierno. Esta retórica, más que contribuir al debate público, fomenta la desconfianza en las instituciones democráticas y debilita la credibilidad en el sistema electoral. En lugar de denunciar supuestas censuras, el presidente debería reconocer su responsabilidad en el respeto a la legalidad y en el fomento de un ambiente democrático donde todas las voces sean escuchadas y respetadas. Al denigrar al INE y desacreditar su labor, López Obrador socava la confianza en las instituciones que garantizan la equidad y transparencia en los procesos electorales, poniendo en riesgo la estabilidad democrática del país. Es hora de reconciliar al país y trabajar en conjunto para fortalecer nuestra democracia y asegurar que las próximas elecciones se desarrollen en un ambiente de justicia y respeto a la voluntad popular que dará el triunfo a Xóchitl Gálvez.


*Diputado local PRI


En la vida política de cualquier nación democrática, la imparcialidad y la transparencia son valores fundamentales que garantizan un juego limpio en el proceso electoral. Sin embargo, en los últimos tiempos, hemos sido testigos de un preocupante fenómeno: el uso descarado de los recursos públicos y los medios de comunicación del estado para llevar a cabo actos propagandísticos en favor de las y los candidatos de MORENA y comunicar con un profundo sesgo ideológico con tendencias de adoctrinamiento. Esta práctica, más que censurable, representa una grave amenaza para la democracia misma.

Este problema ha cobrado relevancia en los últimos meses, especialmente durante el proceso electoral en curso. La utilización indebida de los recursos públicos y los medios estatales para promover a Claudia Sheinbaum y MORENA no solo distorsiona la competencia electoral, sino que también socava la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas.

Un ejemplo reciente de esta preocupante tendencia es la situación en torno a las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador. En varias ocasiones, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha ordenado la modificación o eliminación de estas conferencias, argumentando que el presidente ha realizado manifestaciones que podrían influir en el proceso electoral. Esta intervención del INE es un claro indicio de la gravedad del problema: el propio gobierno está siendo acusado de utilizar los recursos públicos y los medios de comunicación del estado para hacer propaganda política.

Lo más alarmante de todo esto es que, en última instancia, son las estaciones de radio y televisión las que corren el riesgo de ser multadas por difundir este tipo de contenido. Es decir, el gobierno comete una falta, pero son los medios de comunicación quienes pagan las consecuencias. Esta injusticia evidencia la urgente necesidad de establecer mecanismos efectivos para garantizar la imparcialidad en el uso de los recursos públicos y los medios estatales durante los procesos electorales.

Resulta irónico que el presidente López Obrador, quien en el pasado fue uno de los principales críticos de la intervención de los presidentes en política, hoy sea el principal interesado en violar la ley en este sentido. Recordemos que muchas de las leyes que regulan el papel de las autoridades durante los procesos electorales son producto de los movimientos de izquierda que el presidente encabezó en el pasado. Es alarmante ver cómo un líder que una vez luchó por la democracia y la justicia ahora parece dispuesto a socavar estos mismos principios en aras de mantenerse en el poder.

La intervención directa del presidente en política, a través de las conferencias matutinas y otros medios estatales, representa un peligroso precedente que socava la separación de poderes y debilita las instituciones democráticas. Cuando el gobierno utiliza su poder para influir en el resultado de las elecciones, se está socavando la voluntad del pueblo y se está erosionando la legitimidad del proceso democrático.

Es alarmante y preocupante que el presidente López Obrador compare al Instituto Nacional Electoral (INE) con la inquisición, sugiriendo una persecución injustificada y una intolerancia hacia su gobierno. Esta retórica, más que contribuir al debate público, fomenta la desconfianza en las instituciones democráticas y debilita la credibilidad en el sistema electoral. En lugar de denunciar supuestas censuras, el presidente debería reconocer su responsabilidad en el respeto a la legalidad y en el fomento de un ambiente democrático donde todas las voces sean escuchadas y respetadas. Al denigrar al INE y desacreditar su labor, López Obrador socava la confianza en las instituciones que garantizan la equidad y transparencia en los procesos electorales, poniendo en riesgo la estabilidad democrática del país. Es hora de reconciliar al país y trabajar en conjunto para fortalecer nuestra democracia y asegurar que las próximas elecciones se desarrollen en un ambiente de justicia y respeto a la voluntad popular que dará el triunfo a Xóchitl Gálvez.


*Diputado local PRI