La educación de calidad siempre ha sido considerada como uno de los pilares fundamentales para la movilidad social y el progreso de una nación. Sin embargo, en el México de la Cuarta Transformación (4T), parece que este principio ha sido relegado a un segundo plano, evidenciando un desprecio preocupante por el futuro de nuestro país. Desde la contratación de "maestros patito" en las universidades del gobierno federal hasta la designación de un Fiscal cuestionable, la 4T nos deja en claro que la educación, lejos de ser una prioridad, se ha convertido en una moneda de cambio política.
En las últimas semanas, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló la existencia de presuntos daños al erario en las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, impulsadas por el gobierno de la 4T. Estas instituciones, que deberían ser bastiones de educación superior de calidad, se han visto empañadas por la contratación de "maestros patito", profesionales que carecen de los requisitos académicos mínimos para impartir conocimiento. Esta práctica irresponsable y carente de ética no solo compromete la calidad de la educación ofrecida, sino que también socava la confianza en las instituciones educativas respaldadas por el gobierno.
Pero el desprecio por la educación no se detiene aquí, no es algo que deba sorprendernos en el gobierno de López Obrador, así ha funcionado toda su administración y las de su partido.
Recientemente, la designación del Encargado de Despacho en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha levantado serias dudas sobre la integridad y la idoneidad de los funcionarios públicos en la 4T. Ulises Lara, el nuevo Fiscal, ha sido objeto de críticas debido a la rapidez con la que obtuvo su cédula profesional como licenciado en Derecho, justo antes de asumir el cargo. Esto plantea interrogantes sobre la rigurosidad de los procesos de verificación de credenciales y sobre la legitimidad de su designación para un puesto de tanta responsabilidad.
Ulises llegó al cargo porque su único mérito era ser el brazo derecho, el hombre de confianza de la Fiscala Carnal Ernestina Godoy, quien, cómo requisito de ley, juro ser imparcial en su responsabilidad, y tan solo unas horas después de no ser ratificada por sus evidentes conflictos de interés, se quitó la máscara y hoy es candidata al Senado por MORENA.
La ironía no podría ser más evidente: el encargado de defender a la sociedad y garantizar la justicia, el Fiscal, es puesto en entredicho debido a dudas sobre su propia integridad desde su formación académica. ¿Cómo podemos confiar en un sistema de justicia cuando quienes lo lideran no cumplen con los requisitos básicos de competencia y transparencia?
El caso de Ulises Lara no es una anomalía, sino un síntoma de un problema más profundo en el sistema educativo y político de la 4T. La prisa por mostrar resultados y el afán de control político han llevado a la proliferación de instituciones educativas de dudosa calidad y a la contratación de personal no calificado, socavando así la credibilidad y la efectividad del sistema educativo mexicano.
La designación de Ulises Lara como Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México pone en evidencia no solo la falta de transparencia y rigor en los procesos de selección de funcionarios públicos, sino también la alarmante laxitud en la validación de credenciales académicas. Resulta absurdo e indignante que en pleno periodo vacacional, mientras la sociedad descansa, se expida apresuradamente un título universitario a un individuo cuya formación académica se encuentra rodeada de dudas y sospechas. El Centro Universitario Cúspide, donde Lara cursó sus estudios, ha sido señalado como una institución que ofrece programas educativos de baja calidad y con facilidades para la culminación acelerada de estudios. La entrega precipitada de un título en estas circunstancias solo refuerza la percepción de que las instituciones educativas están siendo utilizadas como herramientas políticas, en lugar de ser verdaderos bastiones del conocimiento y la excelencia académica.
La educación no debe ser utilizada como una herramienta política para asegurar lealtades o promover agendas partidistas, sino como un medio para empoderar a las personas y promover el bienestar colectivo.
En última instancia, el desprecio por la educación en la 4T no solo afecta a las generaciones presentes, sino que también compromete el futuro mismo de nuestro país. Es hora de un cambio por un compromiso real con la educación de calidad y con la integridad en todos los niveles del gobierno, antes de que sea demasiado tarde.
*DIPUTADO LOCAL PRI
