/ lunes 4 de marzo de 2024

Ciencia y sociedad | El futuro del agua en México ¿Legislar para el pueblo o para los intereses corporativos?


Ante la creciente preocupación por la crisis hídrica en México, se alza una voz ciudadana respaldada por años de trabajo colaborativo y reflexión profunda. Los 12 consensos ciudadanos por el agua son fruto de un esfuerzo conjunto entre investigadoras e investigadores, organizaciones y comunidades, y representan un hito en la lucha por asegurar un recurso vital para todos. Los 12 consensos, que surgieron de las conclusiones de más 400 foros, talleres, congresos y reuniones nacionales, fueron entregados simultáneamente a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores como Iniciativa ciudadana de Ley General de Agua el 4 de febrero de 2020. Aunque todos son importantes, hay que destacar aquellos que consignan el cuidado al medio ambiente, el debido respeto a las aguas de los pueblos, el reconocimiento al derecho ciudadano a vetar proyectos dañinos, prohibir el agua para minería tóxica y fracking, acabar con el acaparamiento, la contaminación y la impunidad por grandes usuarios, así como cerrar las puertas a la privatización y democratizar los servicios del agua.

La Gaceta parlamentaria de la Cámara Baja publicó el 13 de febrero una iniciativa de “Ley General de Acceso al Agua” presentada por siete diputados del PAN que dejaría intacta la Ley de Aguas Nacionales vigente, misma que propicia el sobreconcesionamiento y el acaparamiento que están propiciando la presente crisis hídrica que sufre México. En lugar de considerar un cambio en el modelo de la gestión actual del agua, la iniciativa de “Ley General de Acceso al Agua” considerada por los diputados propone regular “el derecho humano al agua”, limitándolo a 50 litros por persona -susceptibles de suspenderse- permite la privatización del servicio, y no limita el uso mercantil del agua.

Por otro lado, la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado está dictaminando una iniciativa de “Ley General de Aguas” presentada por la senadora Gloria Sánchez, que cumpliría plenamente con la Constitución y con los 12 consensos por el Agua. Ante esta situación, la Coordinadora Nacional Agua para Todos y la Contraloría Ciudadana por el derecho humano al agua de Querétaro, expresaron su rechazo al intento opaco y unilateral de aprobar la iniciativa de la Cámara de Diputados y proponen transitar hacia la Ley General de Aguas propuesta por la Cámara Alta ya que consiste en un modelo sustentable y sostenible para la gestión del agua. Este llamado también hace eco a las advertencias de colectivos y activistas por la ecología, sobre que continuar el modelo actual significa un círculo vicioso que solo afecta a los más necesitados del recurso y acerca aún más la temida Hora Cero del vital líquido.

Es necesario que la ciudadanía esté informada sobre la discusión de la Ley General de Aguas y sepa que la crisis del agua puede amortiguarse con las propuestas correctas de legislación: aquellas que frenen la sobreexplotación, procuren la recarga de mantos acuíferos, se replanteen las obras hidráulicas con una visión ambientalista y sustentable y se acabe con la venta, especulación y el lucro de las concesiones. La discusión de estas iniciativas es trascendental pues de ellas depende el futuro del agua para todos y cada uno de los habitantes de nuestro país. La participación de los pueblos, las comunidades y la sociedad toda es imprescindible.



Ante la creciente preocupación por la crisis hídrica en México, se alza una voz ciudadana respaldada por años de trabajo colaborativo y reflexión profunda. Los 12 consensos ciudadanos por el agua son fruto de un esfuerzo conjunto entre investigadoras e investigadores, organizaciones y comunidades, y representan un hito en la lucha por asegurar un recurso vital para todos. Los 12 consensos, que surgieron de las conclusiones de más 400 foros, talleres, congresos y reuniones nacionales, fueron entregados simultáneamente a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores como Iniciativa ciudadana de Ley General de Agua el 4 de febrero de 2020. Aunque todos son importantes, hay que destacar aquellos que consignan el cuidado al medio ambiente, el debido respeto a las aguas de los pueblos, el reconocimiento al derecho ciudadano a vetar proyectos dañinos, prohibir el agua para minería tóxica y fracking, acabar con el acaparamiento, la contaminación y la impunidad por grandes usuarios, así como cerrar las puertas a la privatización y democratizar los servicios del agua.

La Gaceta parlamentaria de la Cámara Baja publicó el 13 de febrero una iniciativa de “Ley General de Acceso al Agua” presentada por siete diputados del PAN que dejaría intacta la Ley de Aguas Nacionales vigente, misma que propicia el sobreconcesionamiento y el acaparamiento que están propiciando la presente crisis hídrica que sufre México. En lugar de considerar un cambio en el modelo de la gestión actual del agua, la iniciativa de “Ley General de Acceso al Agua” considerada por los diputados propone regular “el derecho humano al agua”, limitándolo a 50 litros por persona -susceptibles de suspenderse- permite la privatización del servicio, y no limita el uso mercantil del agua.

Por otro lado, la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado está dictaminando una iniciativa de “Ley General de Aguas” presentada por la senadora Gloria Sánchez, que cumpliría plenamente con la Constitución y con los 12 consensos por el Agua. Ante esta situación, la Coordinadora Nacional Agua para Todos y la Contraloría Ciudadana por el derecho humano al agua de Querétaro, expresaron su rechazo al intento opaco y unilateral de aprobar la iniciativa de la Cámara de Diputados y proponen transitar hacia la Ley General de Aguas propuesta por la Cámara Alta ya que consiste en un modelo sustentable y sostenible para la gestión del agua. Este llamado también hace eco a las advertencias de colectivos y activistas por la ecología, sobre que continuar el modelo actual significa un círculo vicioso que solo afecta a los más necesitados del recurso y acerca aún más la temida Hora Cero del vital líquido.

Es necesario que la ciudadanía esté informada sobre la discusión de la Ley General de Aguas y sepa que la crisis del agua puede amortiguarse con las propuestas correctas de legislación: aquellas que frenen la sobreexplotación, procuren la recarga de mantos acuíferos, se replanteen las obras hidráulicas con una visión ambientalista y sustentable y se acabe con la venta, especulación y el lucro de las concesiones. La discusión de estas iniciativas es trascendental pues de ellas depende el futuro del agua para todos y cada uno de los habitantes de nuestro país. La participación de los pueblos, las comunidades y la sociedad toda es imprescindible.