Nuestra constitución es un acuerdo social. Es consenso entre grupos revolucionarios de diferentes orígenes y es visión de futuro de una patria ordenada. Es historia y es futuro.
La carta magna de 1917 fue resultado del acuerdo post revolucionario que demandaba mayor justicia distributiva pero sobre todo, independencia y distribución de poderes. Nunca más el regreso al control de un solo hombre.
Antecedentes para echar mano en la nueva redacción no faltaron en su momento. Habíamos pasado por la Constitución de Cádiz de 1843, promulgada por las Cortes Generales Españolas, el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Latina de 1814, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, la de 1836, la de 1843 y la de 1857. Ejemplo de un texto vivo que se ajusta a nuevas realidades y retos. Es así un ente vivo que ha sido ajustado a nuevas realidades que demandan nuevos acuerdos en la visión de un futuro próspero para todos. Es la base de nuestra identidad y evolución, y establece derechos y obligaciones de todos los mexicanos y mexicanas.
Por ello sorprendió a más de uno el paquete de iniciativas de reforma constitucional lanzadas por el ejecutivo federal apenas hace unos días. Sin consenso, sin discusión, sin tiempo, y con un hilo conductor claro: el fortalecimiento de un solo poder (Ejecutivo) por encima de los otros (Legislativo y Judicial).
Por ello Coparmex nacional evaluó las 20 reformas propuestas y estableció un posicionamiento guía que clasifica en cuatro categorías las iniciativas presentadas: 1. reformas positivas, 2. reformas marginales, 3. reformas negativas y 4. reformas que requieren debate.
De entre las reformas positivas y/o urgentes, Coparmex considera prioritarias la Ley General contra la Extorsión, la Ley de Salarios Mínimos y la Ley que promueve la inclusión laboral de los jóvenes.
De entre las marginales, por ya estar consideradas a nivel constitucional, están las leyes de comunidades indígenas o afromexicanas como sujetos de derecho público y la reforma en materia de austeridad y remuneraciones de los servidores públicos.
Destaca, que la mayoría de iniciativas propuestas estén en el cajón de las negativas:
1. La ley que busca el desmantelamiento de instituciones en aras de un ahorro administrativo (hasta hoy poco probado) suena más a un intento continuado de esta administración por concentrar poder en el ejecutivo federal. Reitera la estrategia de eliminar los Órganos Autónomos como INAI, COFECE, IFT, CONEVAL y CRE.
2. También se reitera la desaparición del INE y la eliminación de los legisladores de representación proporcional que han asegurado la pluralidad y la presencia de minorías en el Congreso.
3. Se proponen reformas sustantivas al Poder Judicial, sometiendo a votación pública la designación de Ministros, Magistrados y Consejeros Electorales. Un modelo flaco que en la práctica daría ventaja a los más populares por encima de los más capaces y que, contrario a lo pensado, disminuye las fuerza de los ciudadanos quienes sucumbirían ante estructuras partidistas organizadas y/o beneficiarios de programas sociales presionados desde oficinas federales y estatales.
4. Vuelve a insistirse en una reforma en materia eléctrica que refuerce artificialmente la presencia del estado en el control y administración de las fuentes de energía, en lugar de una apuesta de futuro por suministros más amigables con el medio ambiente.
5. Se reitera también la apuesta por la militarización de la Guardia Nacional al transferirla de lleno al orden militar.
6. La reforma en materia de simplificación administrativa desaparecería también instituciones como Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) que han demostrado su beneficio protegiendo a los consumidores.
Por ello desde Coparmex se ha solicitado priorizar la agenda y atender temas realmente urgentes en el país, como la inseguridad, la educación, la movilidad, el desabasto de agua, de medicamentos y vacunas que actualmente padecemos.
Priorizar permite focalizar las capacidades del estado en acciones trascendentes. Es parte de esa visión que tuvieron nuestros constitucionalistas previos para armar un país con futuro y es la demanda mínima que debemos hacer como ciudadanos para contar con un país que preserva los equilibrios de poderes, apuesta por el estado democrático y consolida la inclusión que nuestros constitucionalistas de antaño soñaron.
*Presidenta de la Comisión de Bienestar e Inclusión Social de Coparmex Nacional
