Los organismos autónomos han estado en la mesa de discusión y análisis en fechas recientes. ¿Por qué? Porque el presidente de la República ha anunciado su intención de desaparecerlos a través de un paquete de reformas que dará a conocer el próximo 5 de febrero – día en el que, por cierto, no vendrá al Teatro de la República de la ciudad de Querétaro – en el marco del Día de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El anuncio, aunque no es nuevo, prende las alertas en el país, especialmente en aquellos ciudadanos que creemos en la democracia, la transparencia, los contrapesos y la autonomía.
“No vamos a seguir manteniendo esos organismos facciosos, onerosos y antipopulares”, dijo de manera tajante el mandatario mexicano.
Los organismos autónomos en la mira de este paquete de reformas son principalmente: El Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), la Comisión Federal de Competencia (Cofece), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), mismos que han sido el fruto de muchos años de esfuerzos ciudadanos para vigilar la actuación y eficiencia de los gobiernos en general, sin distinción de colores políticos, algo que parece no gustarle a nadie, pero especialmente a la actual administración.
No podemos olvidar que dichos organismos se crearon para proteger los intereses ciudadanos frente a posibles abusos de las autoridades, injusticias sociales y/o violaciones a nuestros derechos fundamentales.
Podemos citar algunos hechos relevantes que han sucedido a partir del trabajo de órganos como el INA, que destapó casos de corrupción como el de Odebrecht, la Estafa Maestra, la Casa Blanca o las irregularidades en Segalmex, muchos de los casos, cabe señalar, sucedieron en la anterior administración. (Para que no se piense que sólo se investiga en este sexenio).
Gracias al IFT se logró una disminución considerable en los precios de las comunicaciones, especialmente en la telefonía móvil.
En 2023, la Cofece sancionó con más de 2 millones de pesos a empresas y personas que pretendieron manipular el precio de la tortilla y limitar su venta en Chiapas.
Mientras que la CRE, promueve el uso de energías limpias y sostenibles a partir de la regulación y supervisión de los mercados energéticos en nuestro país con inversiones nacionales y extranjeras.
Por su parte, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) busca la transparencia y eficiencia en las licitaciones y contratos relacionados con la exploración y extracción de recursos energéticos. No olvidemos que la exploración responsable de hidrocarburos, no sólo es esencial para asegurar la autosuficiencia energética, sino que también contribuye al desarrollo económico y social del país. Su desaparición, podría generar un ambiente de incertidumbre para las inversiones en el sector, desincentivando la participación de empresas que son clave para impulsar la innovación y el crecimiento del país.
Todos estos organismos han surgido a partir de diversas necesidades de transparencia e invariablemente abonan a la democracia y al estado de Derecho, es decir, han surgido con una exhaustiva planeación y estructura con áreas de oportunidad que se han afinado a lo largo de los años, no obstante, eso ha resultado incomodo al régimen actual, que se ha dedicado a descalificarlas sistemáticamente, creando un ambiente de posverdad que genera animadversión a esfuerzos creados desde la propia ciudadanía.
No hay justificación, ni lógica económica ni jurídica para eliminar los Órganos Autónomos que son el contrapeso necesario de cualquier democracia. El argumento de “oneroso” no es sostenible ya que los cinco organismos que se pretenden eliminar en este 2024, apenas costarán 3.9 mil millones de pesos, lo que representan el 0.04% del presupuesto total, mientras que las irregularidades identificadas en SEGALMEX ascienden a 15 mil 151 millones de pesos. En ese sentido, sería más eficaz combatir la corrupción y propiciar una reparación del daño provocado al erario, que desaparecer instituciones que tanto han servido a los ciudadanos.
Es importante resaltar que autonomía no es sinónimo de discrecionalidad; pues estos organismos son instituciones sujetas al escrutinio y revisión pública continua y pueden ser investigadas por la Auditoría Superior de la Federación. Si hubiese algo que recriminarles, existen los canales y mecanismos legales para que así se haga e incluso para cuestionar sus resoluciones.
Por eso, en lugar de pensar en eliminar los Órganos Autónomos, sería mejor pensar en cómo fortalecerlos y hacerlos cada día mejores por el bien de nuestra democracia.
*Presidenta de la Comisión de Inclusión y Bienestar Social de Coparmex Nacional
