La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de invalidar la Ley de la Industria Eléctrica del presidente López Obrador aprobada en marzo de 2021, ya que viola los principios fundamentales de competencia, libre concurrencia y desarrollo sustentable de la industria eléctrica. Esto significa volver a la Reforma Energética promovida en su momento por el entonces presidente Enrique Peña Nieto. La noticia fue recibida de muy mala manera por la auto llamada cuarta transformación, con una agresividad más propia de un régimen autoritario que de uno democrático. La furia morenista -entiéndase de López Obrador- ha llegado a tal punto de amenazar con promover un juicio político en la Cámara de Diputados en contra del Ministro Alberto Pérez Dayán por haber dado su voto de calidad -que legalmente le correspondía- a favor de cancelar la ley obradorista, una escena digna de una dictadura bananera y no de una república democrática basada en una división de poderes como se supone que lo es México.
Atacar al Ministro Pérez Dayán por cumplir con su responsabilidad de defender la Constitución es algo simplemente inaceptable. De consumarse tal atropello estaríamos ante un muy peligroso golpe de estado a uno de los Poderes de la Unión, lo que pondría a México en una situación de vulnerabilidad institucional insostenible. Pero más allá de la siempre conflictiva relación entre los obradoristas y la Suprema Corte, la resolución dictada es una muy buena noticia para nuestro país. Lo que era una ley que favorecía claramente a la cada vez menos productiva y más obsoleta Comisión Federal de Electricidad (CFE) por encima de todo el sector privado a pesar de tener energías más limpias y más baratas que ofrecer, perjudicaba seriamente el crecimiento económico de México. No era fortaleciendo a una CFE en quiebra como íbamos a avanzar como país y a ser más eficientes en la generación de energía, sino abriendo el mercado a la participación de los distintos actores privados para mejorar notablemente la cantidad, la calidad y los costos del servicio. El anacrónico sistema de los viejos monopolios ya no caben en un mundo globalizado y de abierta competencia.
En la actualidad el país necesita una gran cantidad de energía disponible para que puedan llegar las grandes empresas y estar a la altura de lo que demanda el fenómeno del nearshoring. Con la vieja política energética del gobierno de López Obrador esto no era posible. Pero el escenario ha cambiado de una forma muy favorable; ahora podemos volver a aspirar a ser ese gran destino para la relocalización de las empresas, desarrollar mejores infraestructuras, ser más competitivos a nivel global, seguir formando parte esencial en las grandes cadenas de suministros, generar más empleos, crecer más nuestra economía. Hasta hace unos días todo esto iba a ser muy complicado, ya no. Esta vez perdió el gobierno pero ganó México. Al tiempo.
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